Era previsible un movimiento de los transportistas en pos de lograr mejores tarifas en los servicios que prestan diariamente a la comunidad en sus movilidades que cubren determinadas rutas y atienden parcialmente los requerimientos de miles de vecinos que quisieran mejor atención por parte de los transportistas para llegar a más destinos en la misma ciudad.
Se trata de una corriente que se inició en la presente ocasión en las ciudades más populosas como La Paz y El Alto, donde se aplicaron tarifas elevadas sin previo consenso de partes, lo que generó un airado reclamo de los vecinos a través de sus organizaciones naturales, como son las juntas vecinales.
Si bien las condiciones y las circunstancias son diferentes en los dos casos de ejemplo, la diferencia con Oruro es abismal, pues se trata de distancias muy diferentes y sobre todo de una accidentada topografía que obliga a mayores esfuerzos técnicos y más consumo de combustible, que en nuestro medio significa un marcado ahorro de orden general.
Por esas y otras circunstancias relacionadas con el trabajo del transporte público es que un anticipo de elevar la tarifa a más de 2 Bs.- constituye nada más que una afrenta a la economía popular y un despropósito con la realidad que se vive en nuestro distrito.
La Federación de Juntas Vecinales ya hizo conocer el rechazo de los vecinos que alarmados por la posición de los transportistas anticiparon en su momento la aplicación de medidas en defensa de su economía, lo que perfila un tiempo de conflictos y lógica alteración de servicios y del orden público, que ojalá no se den si anticipadamente se adoptan las medidas más correctas para tratar ese delicado tema no sólo de tarifas, sino principalmente de la calidad del servicio, el cumplimiento y ampliación de rutas, la conservación y el aseo general de las unidades motorizadas, su desplazamiento por más calles de la ciudad, evitando una especie de centralización de su recorrido en arterias del casco viejo.
El asunto de las tarifas corresponde normar al Gobierno Municipal, de acuerdo a las disposiciones de la CPE que instruye la elaboración, aprobación y la aplicación de leyes sectoriales, debidamente reglamentadas para regular los servicios del transporte público y sus tarifas.
La comuna paceña es la primera en aprobar su ley de transporte y aunque la misma ha sido objeto de algunas observaciones, constituye un paso importante en el cumplimiento de las normas que deben regir en los municipios para mejorar los servicios públicos a favor de la colectividad.
Para no perder tiempo en batallas discursivas, en una guerra de comunicados, en medidas de presión de sectores involucrados en el proceso de aplicar un reordenamiento vehicular, incluyendo el tema de tarifas, es prudente que las autoridades municipales adopten las previsiones del caso y convoquen a los dirigentes del transporte, de las juntas vecinales, de la Policía operativa de Tránsito, para empezar el análisis de una normativa que debe mejorar las condiciones del actual servicio de transporte, sólo así se justificará hablar también de una racional compensación de tarifas.
Mientras tanto no se justifica una amenaza de los transportistas sobre una situación que merece un tratamiento delicado, realista y eminentemente técnico que además no influya en una casi segura espiral inflacionaria que afectaría la economía popular.
Fuente: La Patria
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