¿Y dónde esta el liderazo en la reforma de la justicia?

Definitivamente, a la vista del desastre reiteradamente puesto en evidencia las últimas semanas por si alguien aún lo dudaba, vivimos un saludable clima de reforma del sistema de administración de justicia. Ojalá no acabe en otra estrategia envolvente, pero restringiendo lo odioso y ampliando lo favorable como decimos los Abogados, aplaudo las distintas propuestas que han surgido desde diversos escenarios, deseando puedan alumbrar frutos benignos y no terminemos peor de lo que empecemos, como frecuente y sensiblemente ha ocurrido.

En esa línea, existen interesantes propuestas del Ministerio de Justicia, de grupos de Abogados, de políticos, etc., pero…más aun cuando se trata de un tema que hace a la administración de justicia, está brillando por su ausencia el Órgano Judicial, léase Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General o las Asociaciones de Jueces y Magistrados.

Aquella ilegitimidad de origen, ampliamente multiplicada por su desempeño en tanto que como terceros imparciales debieron haber puesto límites al ejercicio abusivo del poder y no amancebarse con él –excepciones aplican- está causando una suerte de castración como para, aunque sea en el papel, proponer alguna solución y respuesta al deplorable estado actual del arte. Es cierto que la anterior camada de altos cargos “electos” y la actual han contribuido significativamente a ese deplorable estado de la justicia, pero también es evidente que la crisis data de muy antiguo y obedece a muchos otros factores.

En últimos días ha sido patético oír al cuestionado presidente del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, cuando la prensa le pidió su opinión sobre la pretensión del Ejecutivo de llevarse a su órbita la gallinita de los huevos de oro (Derechos Reales) señalando –vergonzosamente- que ese tema lo decide la Asamblea Legislativa que es la que hace las leyes o el estruendoso silencio de los administradores de justicia sobre la propuesta de ser evaluados en su desempeño, por el Ejecutivo.

Así las cosas, entonces: ¿Quién debería asumir el liderazgo de la reforma al sistema de administración de justicia? ¿El Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia? ¿El Judicial, pese a esa su ilegitimidad? ¿La sociedad civil? Probablemente la respuesta “políticamente correcta” sea mandarse un discurso sobre la concertación entre todos, aunque cunden muchas desconfianzas dados los evidentes acontecimientos de pleno dominio público, al extremo que muchos dudamos que exista realmente genuina voluntad política para construir una reforma que, contrario a lo que viene sucediendo, le reste poder al poder y se lo otorgue al ciudadano, de forma que el tercero imparcial pueda respirarle en la nuca al poderoso –frecuentemente abusivo, además- poniéndole límites efectivos al ejercicio del poder y no prostituirse por unas monedas al extremo de inventar “derechos humanos”, encubrirle sistemáticamente o sacar de circulación a sus “enemigos”.

¿La clase política boliviana de todos los colores tendrá el suficiente sentido común siquiera para intentar acercarse a esos loables fines? Pues si de reformar en serio al sistema de justicia, resumiendo, se trata de eso: de construir un tercero imparcial que ponga límites efectivos a todo tipo de poderes, sean partidarios, económicos, de los medios o de los compinches. Jorge GONZALEZ, enseña al respecto: “Al final, la última barrera que existe para defender una democracia es un Juez independiente. Hay muchas otras cosas que hacen falta, lógicamente, pero al final siempre hay un Juez independiente, que es la última posibilidad democrática de frenar los abusos del poder. En el momento en el que no haya un Poder Judicial independiente, el gobierno puede hacer lo que quiera. Cuando el Poder Judicial esté desnudo, nadie podrá impedir el saqueo a la democracia”. Amanecerá y veremos…