Panamá pide ayuda en la ONU para enfrentar ola migratoria

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El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo el jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que cuenta con limitados recursos para hacer frente a la enorme migración caribeña y africana que cruza por su país y pidió al mundo que aporte esfuerzos y recursos para enfrentar “una crisis humanitaria regional de graves proporciones”.

“Esto es una responsabilidad de todos,” dijo el mandatario desde el podio de la Asamblea durante el debate global que la ONU celebra cada septiembre.

Cortizo destacó que en lo que va de 2021 más de 80.000 migrantes irregulares han atravesado el territorio panameño y que “para entender lo dramático de la situación” Panamá pasó de recibir 800 migrantes en enero de este año a 30.000 el mes pasado.

“Panamá hace su parte. Ahora apelamos a la comunidad internacional para hacer, lo más pronto posible, un esfuerzo conjunto, con estrategias coordinadas y recursos”, dijo.

La canciller panameña Erika Mouynes dijo el lunes durante una entrevista con The Associated Press que Panamá no ha recibido “un centavo en cooperación internacional” para enfrentar el problema a pesar de que ella pidió los fondos en junio a Estados Unidos y la Unión Europea.

En agosto Panamá y Colombia acordaron dejar pasar por su frontera a 500 migrantes por día. Sin embargo, a Necoclí, un pueblo en la costa caribeña del norte de Colombia, llegan entre 1.000 y 1.500 diariamente, la mayoría haitianos provenientes de Chile y Brasil, países a los que emigraron tras el terremoto en Haití de 2010.

Cortizo es uno de los varios presidentes latinoamericanos que han viajado en persona a Nueva York para acudir al encuentro, en el que se debate en gran medida el cambio climático y la pandemia del COVID-19.

El presidente colombiano Iván Duque, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el peruano Pedro Castillo y el hondureño Juan Orlando Hernández son algunos otros de los mandatarios que participan de forma presencial.

Debido a la pandemia otros mandatarios enviaron un discurso pregrabado a la ONU para que fuera emitido durante la Asamblea. Ese fue el caso del presidente chileno Sebastián Piñera, el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel.

Cortizo dijo el jueves que Panamá brinda “un trato digno” a los migrantes que pasan por su país y les ofrece, por primera vez en su travesía, albergue temporal, asistencia médica y alimentación.

La canciller Mouynes dijo el lunes a AP que lleva tiempo pidiendo “corresponsabilidad”, es decir, que países latinoamericanos y Estados Unidos alimenten a los migrantes y les hagan pruebas médicas y biométricas ya que Panamá, aseguró, es el primer país al que llegan que hace estos exámenes médicos.

“Nos han tocado también personas que tienen problemas y alertas de Interpol y demás, que, nuevamente, nadie sabía, o sea, nadie identifica realmente. Panamá se vuelve el filtro de todo esto”, indicó.

Por la tarde, le tocó el turno al presidente de Bolivia, Luis Arce, quien propuso trabajar con organismos financieros multilaterales para el refinanciamiento o el alivio de la deuda externa a nivel global.

Bolivia pasa por una crisis económica a causa de la pandemia, pero también por problemas políticos y sociales. La nación andina, según el Ministerio de Economía, tiene una deuda de 12.171,7 millones de dólares hasta diciembre del año pasado, lo que representa un 31,7% del Producto Interno Bruto.

Arce también criticó a la Organización de los Estados Americanos al decir que divide, promueve golpes de Estado y genera desestabilizaciones. Dijo que la OEA y su secretario general Luis Almagro participaron en “la ruptura del orden constitucional” ocurrido a finales del 2019 en Bolivia.

Bolivia acusa desde hace semanas a la OEA de intervencionismo y de insultar al pueblo boliviano por haber declarado que hubo fraude en las elecciones bolivianas de 2019. Tras declararse fraudulentas, se desencadenó un estallido social que cobró la vida de más de 30 personas y obligó al expresidente Evo Morales a renunciar tras 14 años en el poder. Morales buscaba una cuarta reelección en esos comicios fallidos.

“Nuestro compromiso con el pueblo boliviano es que se haga justicia por las 38 vidas perdidas, por los cientos de heridos, detenidos, por los perseguidos, asilados y exiliados; por las graves violaciones a los derechos humanos que se ejecutaron durante un gobierno de facto”, dijo Arce.

Fuente: NUEVA YORK (AP)