Jueves 19 de abril de 2012
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“Hay que conocer un campamento minero en Bolivia para descubrir cuánto puede resistir el hombre”, escribía Sergio Almaraz. Parafraseándolo, diríase ahora: hay que vivir en Bolivia para saber cuánto puede resistir un país los embates de la anarquía, con paros, marchas y bloqueos. Parece que una cumbre secreta hubiera acordado el mandato de hundir el país lo más pronto posible. Ya no está para mucho: cruje la precariedad de su armazón institucional.
Según estadísticas divulgadas, alrededor de cien conflictos se generan cada mes, a razón de tres por día. En los últimos seis años, lejos de aminorar, como se esperaba, más bien ha recrudecido. Las facturas electorales de la demagogia van de la mano con la ineficiencia burocrática. No tenían ni tienen en sus filas gente medianamente capacitada. No es cosa de “meterle nomás”. Para todo hay que “saber leer y escribir” un poco. Seis años certifican lo difícil que les resulta aprender. Obvio: lo que natura no da, el poder no concede.
Paciencia de Job tiene Bolivia. Sin embargo, últimamente hubo tímidos gestos de reacción hasta en las propias esferas de Gobierno. Una aclaración vale: no es contra la manifestación de descontento o de protesta. Lo que causa indignación es el bloqueo. En ninguna legislación del mundo existe el derecho de obstruir caminos. El o los que lo hacen cometen un crimen de lesa humanidad. Nadie puede reclamar como conquista social la comisión de un delito. Es un atentado a los derechos humanos; un retorno a la jungla.
