Cualquier forma de afectación a la integridad territorial, sea externa y trasponiendo las fronteras internacionales o como se observa internamente afectando los límites departamentales, es un hecho incalificable y lamentable que no puede darse, por lo menos en lo que corresponde a una realidad de Nación que se rige constitucionalmente y divide su territorio en departamentos definidos en mayoría, casi desde la creación de la misma República.
Si bien se reconoce que desde esos tiempos que señala la historia, en los primeros pasos que dio Bolivia hacía su consolidación, existieron fallas en la elaboración de las exigibles “cartas geográficas”, fueron los vecinos de cada jurisdicción que por la vía de “hechos y costumbres” establecieron sus límites y los respetaron por generaciones, hasta que surgieron algunos mezquinos intereses que alteraron las buenas relaciones y provocaron avasallamientos.
Los problemas se agudizan más adelante, cuando afloran también otras condiciones elementalmente materiales, como la pretensión de apropiarse de territorios donde la existencia de recursos naturales – de diversa índole – impulsan a los ávidos políticos a crear situaciones de enfrentamiento para cumplir sin pensar en la dimensión del daño, una desmembración de nuestro territorio, dañando a muchas comunidades y miles de bolivianos.
Es lo que está sucediendo en el conflicto de límites entre Potosí y Oruro, que hace años era una pugna entre campesinos por tener más espacio para los sembradíos de época y se reducía a esporádicas peleas, además con cierta característica tradicional de bravíos luchadores que se mostraban prestos al ataque o la defensa de su tierra.
Por lo que se observa en la evolución de los conflictos limítrofes la situación presente configura otros intereses, como el caso de querer establecer los límites de forma apropiada a intereses sectarios queriendo incorporar, como si se tratara de un simple movimiento de piedras (mojones), nuevos límites en los que se consignen de buenas o malas la extensión necesaria que incluya por supuesto los yacimientos de recursos naturales, como la piedra caliza e inclusive el litio, aparte de grandes extensiones de terrenos para el cultivo de la apreciada quinua.
Un parlamentario orureño advierte que de consolidarse las pretensiones de los hermanos potosinos al avasallar el territorio orureño, se afectarían más de 2.800 kilómetros, lo que significa desmembrar a varias comunidades que quieran o no dependerán del otro departamento, perdiendo identidad y por supuesto sus propios beneficios y derechos reconocidos en su jurisdicción original, en la que se encuentran riquezas naturales cuya explotación implica necesariamente reconocimiento de impuestos y regalías para vivir mejor.
Una solución parcial, pero amigable y equitativa, surgió recientemente entre comunarios de Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí) que decidieron dividir en partes iguales la cosecha de quinua sembrada, aparentemente en un sitio de colindancia territorial y que pese a detalle de metros más o menos e igual cantidad del producto, permitirá beneficios comunes e iguales a los comunarios de ambos sectores.
Parece que el asunto parte de ese entendimiento ancestral y hasta tradicional, pues evitando las agresiones se acuerdan tareas recíprocas cuyos beneficios igualmente tendrán utilidad colectiva en ambas comunidades. Una muestra de solidario tratamiento frente a las agresiones violentas de días pasados. Las autoridades deberían alentar este procedimiento para solucionar los problemas de límites internos, que no pueden, no deben convertirse en causa de ningún enfrentamiento entre bolivianos.
Fuente: La Patria
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