Acoso y amenazas a médicos en Nicaragua por hablar del COVID

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En otros países han jubilado a los médicos mayores, han convocado a los estudiantes de Medicina para ponerse al frente y han alentado al personal de salud agotado por la pandemia de COVID-19, pero en Nicaragua los médicos han sido acosados, amenazados y, en algunos casos, obligados a exiliarse por cuestionar el manejo de la pandemia.

Incluso, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, ha acusado a los médicos de hacer “terrorismo sanitario” y de difundir “pronósticos y noticias falsas”, al informar que el COVID-19 se ha extendido mucho más de lo que reconocen las autoridades.

Mientras las organizaciones sanitarias internacionales advierten del aumento de las infecciones en Nicaragua y los médicos independientes piden una cuarentena voluntaria para frenar la propagación de la variante delta, el gobierno de Daniel Ortega, quien busca un cuarto mandato consecutivo, ha dejado claro que ese tipo de comentarios son inaceptables.

Leonel Argüello, uno de los epidemiólogos más destacados del país, huyó recientemente de Nicaragua tras meses de acoso y amenazas.

Argüello mantiene su propio recuento de trabajadores sanitarios —incluidos doctores— fallecidos por el COVID-19 y acusa al gobierno de crear una falsa sensación de seguridad que ha costado vidas.

“No estamos trabajando para quitar un gobierno”, dijo el especialista a The Associated Press desde un país que pidió no revelar por cuestiones de seguridad. “No estamos trabajando para ser un partido de la oposición. Estamos trabajando como lo haríamos con cualquier paciente para buscar la manera de salvar su vida”.

Argüello, que trabajó para el Ministerio de Salud durante el primer régimen sandinista (1979-1990), dijo que tomó en serio las amenazas cuando Murillo acusó a los médicos de inventar cosas y dejó claro que el gobierno no seguiría tolerándolo.

A preguntas enviadas por AP sobre la supuesta intimidación de los médicos, la vicepresidenta respondió con una nota de agradecimiento, pero sin un comentario adicional.

No está claro cuántos médicos han abandonado el país durante la pandemia, pero AP identificó al menos a cinco que se fueron porque se sintieron intimidados por el gobierno. “Es una decisión que uno toma cuando siente que su seguridad física está comprometida”, dijo Argüello.

A principios de julio, Murillo habló de “falsos médicos” que daban “falsas predicciones y falsas encuestas” sobre la pandemia. “En la vida todo tiene un costo y si causamos daño, el daño nos llegará, no debemos exponernos a recibir las consecuencias”, dijo en la televisión oficial.

Por esas fechas, el urólogo José Luis Borgen fue llamado al Ministerio de Salud, donde se le advirtió que dejara de divulgar cifras sobre la pandemia diferentes a las oficiales. Indicó que conoce a una docena de médicos que fueron convocados y a quienes se les dijo lo mismo.

“Nos acusan de dar noticias falsas y de generar miedo en la gente”, expresó Borgen. A un colega suyo se le dijo que se le podía retirar la licencia médica y que podía ser acusado de difundir información falsa. Borgen dijo que cree que ese médico ya no está en Nicaragua.

Borgen también fue citado en la Fiscalía General por haber atendido como médico a una figura política de la oposición buscada por el gobierno. Interpretó esa cita como un intento de intimidación.

“Todo está relacionado”, dijo Borgen. “Cuando la vicepresidenta dice algo, el resto de las instituciones lo ejecutan”.

El especialista, que también contrajo COVID-19, dijo no saber si a alguno de sus colegas se le ha retirado la licencia o si ha sido acusado de algún delito. Sin embargo, “muchos” abandonaron el país temiendo que eso pudiera ocurrir, comentó.

El gobierno ya había ejercido presión política sobre los trabajadores sanitarios. Cuando estallaron masivas protestas sociales en abril de 2018, en rechazo a una reforma en la seguridad social, el gobierno ordenó a los trabajadores de la salud pública no atender a los manifestantes heridos.

Los que desobedecieron —unos 400, según Argüello— fueron despedidos. Varios de ellos se exiliaron desde entonces.

La presión ha continuado. Desde que la pandemia apareció en Nicaragua, en marzo de 2020, hablar de coronavirus era un tabú. Llevar una mascarilla quirúrgica en los hospitales se convirtió en un riesgo, porque los administradores prohibieron al personal usarla. Los tapabocas crean alarma entre los pacientes, decían.

Familiares de pacientes y trabajadores de la salud volvieron a divulgar este año “entierros exprés” de las víctimas del COVID-19 realizados por personal con trajes de protección blancos al amparo de la oscuridad. “La Prensa”, el principal periódico de Nicaragua, informó en julio pasado que una funeraria de Managua realizó 14 entierros de este tipo en 10 días.

El personal sanitario de Nicaragua también se ha visto afectado por la pandemia. Al menos 160 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19, estadísticas que el gobierno no ha compartido, según Argüello. Borgen expresó el viernes que 88 de los fallecidos eran médicos.

Una médica de la ciudad noroccidental de Chinandega dijo que los médicos no podían obtener pruebas de COVID-19 fuera de los hospitales del gobierno, e incluso éstos son estrictamente limitados.

“Lo tienen controlado y si alguien en un caso determinado da positivo lo manejan con discreción”, afirmó. “Quieren vender una imagen de que el virus está bajo control”.

Fuente: CIUDAD DE MÉXICO (AP)