Sábado 11 de septiembre de 2021
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La corrupción refiere a algo putrefacto, podrido o echado a perder, que sensiblemente está relacionado con algunos actos administrativos en el aparato estatal. Es el abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales. Es la ausencia, carencia y/o debilidad en procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones.
Sensiblemente la corrupción se está dando en la administración de justicia, que se ha convertido en manifestaciones normales provenientes de cúpulas políticas en función de poder que entienden mal, o interpretan maliciosamente el ordenamiento jurídico para beneficio personal o de grupo de poder, con el fin de mantenerse en la cima gozando de todos los beneficios económicos políticos y sociales.
Lo más preocupante es que estas manifestaciones se están dando en una de las esferas más sensibles como es el sistema judicial, que ya no sorprende a nadie por la normalidad y rutinario con las que se desarrollan estos actos de corrupción judicial definidos como “toda aquella conducta que usa el poder encomendado para obtener un beneficio propio y que incluye toda influencia inapropiada sobre la imparcialidad del proceso judicial ejercida por cualquier tribunales o delactores del sistema de justicia” o como “aquellos en los cuales la conducta funcionario o empleado judicial sirve a la violación del principio de imparcialidad en el procedimiento judicial para la obtención de un beneficio ilegítimo para una parte y/o para sí mismo”.
