Miercoles 08 de septiembre de 2021
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Bajo este singular título, similar al nombre de una empresa chileno-boliviana que, con voracidad de tiburón nos timó 42,8 millones de dólares durante el gobierno de Evo Morales como resultado del arbitraje que Bolivia perdió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, esperamos apuntar, sin deseo de porfiar, sobre este tópico ocurrido hace seis años, que mereció superabundantes noticias y artículos de prensa por su insólito y hábil manejo delincuencial, propio de los mejores guiones de una película de Netflix, u otras de atracos, que mejorarían el de la joyería Cronos de Santa Cruz.
Lo espectacular de este caso, y digno de ser patentado, es que una empresa minera que obtuvo del Estado 11 concesiones en el Salar de Uyuni (Potosí), con el objeto de explotar Ulexita (un mineral que se usa en aplicaciones agrícolas), haya declarado apenas un millón de dólares a tiempo de constituirse, siendo que sus índices de explotación y exportación superaban de lejos las cantidades declaradas y, lo peor, se negaba a informar, tanto a Impuestos Nacionales, como a la Aduana, sus estados de situación, lo cual a su vez evitó las auditorías dispuestas por decreto, un 9 de diciembre de 2003.
