APDH: “Justicia recibe un revés con informe de GIEI”

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La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) en Oruro consideró que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre lo ocurrido en 2019 es un “revés” para la justicia Boliviana, y pidió a las autoridades sanción para los responsables y los atropellos y muertes.

“El Ministerio Público y la administración de justica reciben un severo revés con este informe, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos nosotros expresamos que este informe no debe quedar a medias, este informe debe concluir con un proceso a los responsables de estas muertes y atropellos que ha sufrido el pueblo en su conjunto”, señaló el presidente de la APDH en Oruro, Jorge Castillo.

JUSTICIA

Consideró que se deben extremar esfuerzos para cambiar el sistema de administración de justicia y reiteró que este informe no sea simplemente para leerlo sino también para reflexionar a partir de las autoridades, la población y particularmente el poder político.

“Indudablemente este informe menciona esos aspectos de confrontación que se vivió en Vila-Vila, Caracollo, y Challapata, donde se han torturado a jóvenes, mujeres, incluso nosotros al querer ir a rescatar a una delegación junto a Caritas hemos sido atacados, nuestro vehículo ha sido destrozado, por eso pedimos que se dé sanción a todos los autores y responsables”, añadió.

A su vez el diputado Orlando Valdez, de Comunidad Ciudadana, socializó la posición conjunta que redactó su partido, junto a Creemos, y el Comité Nacional de la Defensa de la Democracia (Conade), en el que enfatizan que entre los meses de septiembre y diciembre de 2019 ocurrieron graves violaciones a los DD.HH., y que la crisis de violencia de 2019 fue producto de la aguda polarización provocada por el gobierno de Evo Morales.

Además consideraron que para llevar adelante proceso de investigación y sanción debe haber cambio de operadores judiciales, porque aseguran que el sistema judicial no tiene las condiciones mínimas de independencia y transparencia.

Fuente: LA PATRIA