EE.UU. publica lista funcionarios corruptos centroamericanos

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El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.

Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero la mención de los nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.

Ricardo Zúñiga, enviado especial para la región centroamericana, dijo en conferencia telefónica con periodistas que Estados Unidos continuará usando sus herramientas “para combatir la corrupción, la impunidad y los actores que están tratando de atacar a a democracia y las instituciones democráticas”. Agregó que para crear la lista se usa información de cada país y bajo la ley de Estados Unidos.

El llamado del Congreso para el reporte refleja una preocupación creciente “sobre el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la reincidencia considerable que hemos visto en toda la región en los últimos años” y la necesidad de “garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.

Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran el expresidente de Honduras José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El informe del Departamento de Estado señala que Lobo Sosa aceptó sobornos de un cártel del narcotráfico y que su esposa estuvo involucrada en fraude y malversación de fondos. Ambos niegan las acusaciones. La Corte Suprema invalidó el año pasado la condena de Bonilla por cargos relacionados y está esperando un nuevo juicio.

Quizás tan importante que la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores actuales, fue la omisión del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado sospechas de que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.

Él ha negado haber cometido alguna falta. Su hermano, el exlegislador federal Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.

En cuanto a El Salvador, en la lista se incluyeron exfuncionarios del gabinete, un juez y el jefe de despacho del presidente Nayib Bukele. La comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, ha mantenido un perfil bajo desde que su nombre apareció en mayo en una lista más corta del Departamento de Estado, pero los funcionarios del gobierno afirman que sigue presente en las oficinas presidenciales.

La lista del jueves detalló que ella “se involucró en corrupción considerable al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que participó en un plan de lavado de dinero.

La lista también incluyó a dos expresidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, que abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder preeminente del partido Nuevas Ideas de Bukele.

De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”.

En Guatemala, el expresidente Álvaro Colom Caballeros fue acusado de participación en fraude y malversación de fondos en el caso de un nuevo sistema de autobuses en Ciudad de Guatemala. El actual juez de la Corte Suprema Manuel Duarte Barrera presuntamente “abusó de su autoridad para influenciar y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal supremo”. Otro magistrado del máximo tribunal salvadoreño, Nester Vásquez, también se entrometió presuntamente en la selección de jueces.

El fiscal jefe contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, opinó que el alcance de la corrupción en el país ha ido mucho más allá de los mencionados en la lista.

“Creo que faltan varios procesados por corrupción”, añadió Sandoval. “En la fiscalía investigamos a cientos de personas y otras cientos han sido condenados. Creo que se deben tocar los puestos altos de las estructuras de corrupción, sobre todo aquellos que la financian.”

Fuente: CIUDAD DE GUATEMALA (AP)