La minería requiere un ajuste tecnológico y administrativo para mejorar su producción

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Desde hace años y con varios ministros en la cartera del ramo, se repite la misma cantaleta, esa que se refiere a la necesidad de hacer cambios, de mejorar los proyectos internos, de impulsar el cambio tecnológico y abrir condiciones propicias para la inversión financiera, con capitales externos y/o nacionales, que permitan competir a los grandes emprendimientos que de manera continua se ejecutan en nuestra vecindad, caso del Perú, Chile e incluso la Argentina, ésta última en su proyecto de litio.

Solo planes

Las dificultades

Recuperando información de documentación minera, la mayoría elaborada en oficinas administrativas del ministerio del ramo o algunas empresas mineras en las que se trató de implementar programas de mejor rendimiento, pero sin resultados positivos, lo que se confirma es la carencia de financiamiento, una barrera al acceso tecnológico, falta de personal cualificado, desmedida burocracia en la atención de los problemas socio laborales y profesionales completan un cuadro de claras dificultades a los planes de la pretendida industrialización de la minería boliviana.

Un estudioso del tema, añade a tales problemas otros relacionados de manera directa a las trabas burocráticas del marco institucional del país, que se convierten en un freno a las pocas opciones de iniciar la industrialización de la minería nacional, lo que detiene posibilidades que con esfuerzo y decisión pudieran ser parte de ese avance técnico que sólo en Bolivia no prospera.

No escapa al criterio de los expertos otra situación que hace más complejo cualquier proyecto industrial minero, y es que el marco institucional vigente en el país, con la Ley Safco, La Ley Marcelo Quiroga y otros procedimientos de control y auditoría no corresponden a la necesidad de hacer viable y sin ninguna burocracia el emprendimiento de tipo industrial minero que resulta inoperable por su sistema obsoleto e inoperable, incluso con casos de ejecución en tiempo presente, con perjuicios ocasionados entre las propias empresas del Estado, (léase mineras y metalúrgicas) que complican sus relaciones y disminuyen sus pocas posibilidades de consolidar industrias.

Ley Minera

La Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada en Oruro un 28 de mayo de 2014, ha sido objeto de varias observaciones y no menos correcciones, pero con un soberano pecado, el no tener en siete años de vigencia su reglamento debidamente aprobado, tampoco tiene una disposición elemental de tributación minera y según sus críticos, a la fecha es una norma inoperable y por lo mismo cae por “tiempo y materia” en una clara obsolescencia, que debe motivar en las instancias del poder Ejecutivo y las del Legislativo, su revisión, adecuación a las necesidades del avance administrativo del tiempo actual y readecuarse en un nuevo contexto jurídico que permita concretar la industrialización minera.

Hace cinco años atrás se propuso una nueva Ley de Minería para lograr una mejor administración de la importante reserva fiscal y actualizarla a la visión futura con el objetivo de que ese instrumento permita la apertura de canales legales para el gran salto a la industrialización de nuestra minería.

En tanto la Ley Minera, debe también regular el régimen tributario minero, para incrementar las recaudaciones estatales, pero sobre todo para fomentar las inversiones mineras de grandes empresas, que tengan marco de legalidad y seguridad para fomentar el establecimiento industrial de la minería nacional.

Los problemas actuales, como la vigencia del Covid-19, los cuidados a que debe someterse el personal productivo de las minas y la industria metalúrgica obliga a las autoridades superiores del sector, adoptar medidas de emergencia y planes sustitutivos que precautelen la salud laboral, pero al mismo tiempo permitan desarrollar proyectos en los que se incluya la mecanización en áreas especiales, bajo asesoramiento y participación de empresas, cuyos expertos garanticen procedimientos para enfrentar la coyuntura presente como está sucediendo en la minería de la vecindad.

Ahora depende de las decisiones superiores, responsabilidad de ejecutivos, aplicación de planes renovados que sólo serán viables cuando se afirme una también renovada política minera, legal y debidamente respaldada, con los instrumentos de funcionalidad administrativa, plenamente adecuados a las exigencias de una minería y metalurgia que deben ser renovadas.

Fuente: Medios