Viernes 11 de junio de 2021
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Está comprobado que la gran minería aurífera se desarrolla ilegalmente y elude controles y obligaciones, pero facilita un comercio de alto costo a una serie de empresas que operan sin registro, no pagan impuestos, menos regalías, confrontan problemas sociales con trabajadores, están en duda una mayoría de autorizaciones que “salvan” bajo presión varias cooperativas del oro, mientras la gran torta dorada se comercializa en mercados externos, ignorando deberes legales, pagos tributarios, especialmente regalías y beneficios en nuestro país.
Las autoridades departamentales, tal el caso de La Paz, principalmente, pero también las del Beni y Pando en alguna manera, propiamente “levantaron las manos”, en criterio de vecinos afectados por la actividad minera que además de alterar su “modus vivendi” de agricultores y ganaderos, contaminan las aguas de sus ríos y ponen en peligro la supervivencia generalizada de personas, animales domésticos y la fauna en general, según las autoridades de varias poblaciones donde se asentaron, primero los lavadores de oro y luego empresas que incluyen maquinaria pesada, dañando al sector agrícola y ganadero de comunidades del norte paceño y del Beni y parte de Pando.
