Perú elige líder entre dos extremos con el virus de fondo

Agobiados por una imparable pandemia del coronavirus, los peruanos eligen el domingo a su próximo presidente entre dos candidatos que representan los extremos, lo cual anticipa que, sin importar quién gane, el país entrará en un nuevo momento de turbulencia política.

El profesor izquierdista Pedro Castillo y la exlegisladora derechista Keiko Fujimori llegan prácticamente empatados, según varias encuestas, a la segunda vuelta de una de las elecciones más reñidas en tiempos recientes.

La contienda se realizará apenas días después de que las autoridades admitieron que las muertes por el COVID-19 son casi tres veces más de lo que pensaban, y dijeron que sumarían más de 184.000, una de las mayores cifras letales en Latinoamérica, apenas por debajo de Brasil y México.

Es la primera vez que Castillo, de 51 años, disputa un balotaje, mientras que Fujimori, de 46, va por su tercer intento.

Si Castillo triunfa, enfrentará a una élite empresarial que lo mira con desconfianza y a un Congreso donde no tendrá mayoría para aprobar sus iniciativas. Fujimori podrá formar coaliciones en el Legislativo, pero deberá enfrentar a la oposición en la calle. “Ambos van a tener serios problemas para cumplir con sus promesas electorales”, dijo el politólogo Pastor.

Si el profesor pierde, ha dicho que volverá a la escuela en su remota aldea natal de los Andes a dictar clases a sus alumnos de primaria cuya pobreza empujó sus deseos de ser presidente.

Fujimori, por su parte, se juega la libertad. Si es derrotada, irá a los tribunales a defenderse de una acusación fiscal por la que se piden 30 años de cárcel. Es señalada de liderar un grupo criminal que lavó millones de dólares recibidos en maletines de la constructora brasileña Odebrecht, así como de los empresarios más poderosos de Perú para apoyarla en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, algo que ella niega. Si gana, su victoria es doble porque su proceso se congelará cinco años.

La candidata ha recibido constantes muestras de rechazo en los últimos años. “Es hija de un corrupto que apoya todo lo malo que hizo su padre”, dijo Mirian Ortiz, una ama de casa que a inicios de semana participó en una marcha junto a miles en su contra por las calles de Lima.

Alberto Fujimori, padre de Keiko, fue presidente entre 1990-2000. Cumple 25 años de cárcel por tres sentencias de corrupción y otra por ser el autor intelectual en el asesinato de 25 peruanos, entre ellos un niño, tiroteados por un grupo clandestino de militares financiados por su gestión.

El exmandatario también está acusado en otros dos juicios. En el primero por ser el autor intelectual del asesinato de otros seis campesinos ejecutados por el mismo grupo militar y en el segundo caso por su responsabilidad en la muerte de cinco mujeres y en las lesiones graves de 1.301 esterilizadas contra su voluntad. Keiko Fujimori ha prometido indultar a su padre si llega a la presidencia.

Todos los expresidentes peruanos de los últimos 35 años están investigados por corrupción y ligados a presuntos sobornos de Odebrecht. Entre los casos más impactantes, uno se suicidó poco antes de ser capturado y otro está detenido en Estados Unidos esperando una extradición.

Castillo y Keiko Fujimori son populistas. Ambos ofrecen aliviar la catástrofe causada por el nuevo coronavirus que, además de las muertes provocadas, en 14 meses ha afectado tanto a la gente que ahora la pobreza afecta a casi 10 millones de personas, un 30,1% de la población. La pandemia ha destapado las debilidades de un sistema económico elogiado por los ricos, pero que 86% de la población busca modificarlo, según un sondeo de mayo de la firma Ipsos.

Cientos de miles tienen dificultades para alimentar a diario a sus familias, por eso antiguas estrategias de supervivencia, como las ollas comunitarias, han retornado a la cotidianidad.

Fujimori promete otorgar varios bonos, entre ellos uno que otorga por única vez unos 2.500 dólares a cada familia con al menos una víctima por COVID-19. También asegura que repartirá el 40% de un impuesto por la extracción de minerales, petróleo o gas a familias que viven cerca de esas áreas.

Fuente: LIMA (AP)