Pérdida de competitividad e inseguridad para la minería

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

Diversos factores contribuyeron pérdida de la competitividad e inseguridad jurídica de las operaciones mineras, lo que ha puesto en riesgo la inversión extranjera y nacional, a lo que se suma la falta de una política de incentivo económico y de inversión para desarrollar la minería nacional.

Según la CEPAL en el periodo comprendido de los años 2003 al 2015 se invirtieron cerca de 150 mil millones de dólares en cerca de 510 proyectos mineros que se ejecutan en país vecinos y toda Latinoamérica, logrando captar las mayores inversiones Chile con un 32%, Perú el 23% y Brasil 20%, habiendo logrado nuestro país del monto de la inversión extranjera directa destinada a la minería tan sólo el 1,4% con destino al Estado Plurinacional de Bolivia.

El incremento desmedido del costo labor que en los últimos 15 años alcanzó al 300 por ciento, es otro factor que encarece la productividad minera y además priva de empleo a muchos trabajadores a lo que se suman los elevados costos de transporte y de las operaciones logísticas, lo que provoca una reducción de los ingresos de las operaciones mineras, haciendo muchas veces insostenible mantener las operaciones mineras.

El diagnostico presentado en el Primer Encuentro Nacional de la Minería del Occidente del sector privado, identifica también la inseguridad jurídica como factor de riesgo para el desarrollo de las actividades productivas lo que causo la pérdida de competitividad e inseguridad.

Este hecho tiene directa relación con la reversión de derechos mineros, la Ley de Empresas Sociales y la lenta adecuación de los contratos mineros que pone en riesgo el avance de las operaciones productivas, al no poder conseguir financiamiento y la inyección económica para mantener los niveles de productividad, más todavía ahora que existe una recuperación de los precios en el mercado internacional de los metales y materias primas.

Como remate a los factores de riesgo, pérdida de competitividad e inseguridad jurídica, se suma la alta e ineficiente burocracia estatal, para atender las demandas, requerimientos y facilitar los trámites de los productores mineros, lo que provoca una gran retraso y postergación en las tareas planificadas por la falta de entrega oportuna de documentación y la conclusión de los trámites que realizan las empresas mineras.

Para desarrollar la potencial minería del país, las regiones productoras de Oruro, Potosí y La Paz deben constituirse en el principal polo de desarrollo del Occidente de Bolivia. Tienen que ser el primer núcleo exportador de productos de una minería diversificada, que goce de seguridad jurídica, adecuado clima para las inversiones y el desarrollo de las actividades productivas, en el ámbito de lo público y privado.

Se debe impulsar una estrategia de competitividad territorial como factor de desarrollo para tener dominio del Altiplano Central y la región geográfica de la Zona Productora Minera de Occidente.

Para garantizar el desarrollo del sector productivo minero se debe establecer un efectivo control de operadores y exportación de minerales y metales, como única forma de evitar el contrabando de concentrados y la fuga de divisas para el país.

El país requiere con urgencia una transformación de los sistemas productivos que a la fecha radican en el modelo anacrónico de administración de la minería en Bolivia, implementado y sin cambios ni actualización desde la gubernamental Corporación Minera de Bolivia, entidad que administra el arredramiento de las pertenecías mineras, sin otorgar ningún beneficio ni el desarrollo de las regiones productoras y propietarias de los yacimientos.

El gran desafío para lograr el desarrollo de la minería y metalúrgica del Occidente boliviano radica en apuntalar su potencial como el primer y principal polo de desarrollo de Bolivia que requiere contar con una política minera sostenible y sustentable.