Viernes 28 de mayo de 2021

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Comentarios especiales rescatados por medios de prensa en los pasados días de mayo, coinciden en destacar la posición del Gobierno, cuando hace énfasis en la necesidad de abrir las puertas a inversiones nacionales o extranjeras para “impulsar proyectos de la minería nacional”. Claro está, bajo condiciones muy especiales que seguramente están siendo definidas para su aplicación.
Cabe señalar que la Ley de Minería, promulgada en Oruro el 28 de mayo (como hoy) pero del año 2014, adolece de ciertos elementos legales que garanticen seguridad a los inversionistas del ramo, para poder encarar el desarrollo de importantes proyectos – paralizados hasta ahora – con fuertes inversiones, como las que se disponen y las observamos en países vecinos como Perú, Chile y Argentina. Siete años en que la Ley 535, ni siquiera ha sido reglamentada y su aplicación sería de gran utilidad, una vez que se defina una política de verdadero apoyo a la minería.
Por lo que se observa con inusitada frecuencia son aportes financieros de alto rango para proyectos millonarios en el exterior, dónde existen las condiciones apropiadas para encarar programas societarios de alto rendimiento para la explotación de yacimientos mineros, que transforman comunidades y ciudades con la habilitación de miles de empleos y un inusitado movimiento de orden comercial, financiero y de amplio crecimiento industrial.