Miercoles 11 de abril de 2012
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Editorial y opiniones
Más “sutilezas” que disposiciones claras:
Propietarios de inmuebles en riesgo de perderlos
11 abr 2012
Por: Fernando Valdivia Delgado
La Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a la Vivienda, tal cual está registrada como proyecto 386 – 12 en la secretaría general de la Asamblea Legislativa, se mantiene con el sello de “estricta reserva” que frena la posibilidad de abrir un debate público que incorpore en el análisis a la población en general, puesto que su incidencia directa afectará al 76 por ciento de la población urbana asentada, sólo en el eje central urbano del país, de acuerdo con la propia norma en consideración.
Si bien, el Gobierno plurinacional anuncia que con esta norma beneficiará a los “sectores más vulnerables de la sociedad, promoviendo políticas y normas destinadas al desarrollo del sector de vivienda”, como uno de los componentes de su política social, también es importante y necesario establecer con claridad el grado de efectos que tendrá sobre la propiedad urbana que jurídicamente le corresponde en derecho al ciudadano que cuenta con títulos y si está plenamente garantizada su propiedad privada.
El proyecto, de hecho, transfiere las competencias municipales al control del poder central, según afirma, de acuerdo con los artículos 298.II.36 y 297.I.2 de la nueva Constitución Política del Estado, pero además, reconoce las competencias municipales en cuanto a desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos (Art. 302.I.29 CPE) y que, de manera directa, se puede observar que existen contradicciones entre una y otra norma. Al respecto dice: “Formular y aprobar políticas generales del hábitat y la vivienda, incluyendo gestión territorial y acceso al suelo, el financiamiento, la gestión social integral, las tecnologías constructivas y otros relevantes supervisando su debida incorporación y cumplimiento en las entidades territoriales autónomas, sin perjuicio de la competencia municipal”.
