ANP y tres diarios rechazan pedido de abogado transgresor de leyes

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

Un enérgico rechazo fue expresado este lunes por los directores de los diarios El Deber, Los Tiempos y Opinión, representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), a la exigencia de un abogado sentenciado por secuestro que pidió información destinada a enjuiciar periodistas por supuesta calumnia y difamación.

Bajo el principio de defensa del secreto de la fuente periodística, comprendido en el artículo 8 de la Ley de Imprenta, y en preservación de los ciudadanos que denuncian delitos alentados por obtener justicia, los tres directores respondieron a una petición del abogado Jhasmani Torrico, enviada a 12 diarios y canales de televisión, a través de una juez de sentencia.

Torrico es un abogado de la ciudad de Cochabamba, procesado y sentenciado, por los delitos de secuestro y lesiones, a seis años de cárcel, y que en un rápido trámite judicial realizado el sábado 24 de abril consiguió el beneficio de arresto domiciliario.

“En el caso que nos ocupa se vulnerarían Derechos de terceros, toda vez que cuando se pretende investigar a un o una periodista con motivo de su labor, no sólo se pierde la posibilidad de expresarse libremente de manera individual, sino también se pierde la posibilidad de ser informado y de conocer, de comunicar y de tomar decisiones libres, autónomas e informadas”, señala el memorial presentado por los diarios de circulación nacional El Deber, Los Tiempos y Opinión.

Con el respaldo institucional de la ANP, los tres medios expresaron el rechazo a la exigencia de revelar datos consignados en los registros y “que tengan estricta relación con la fuente de información”.

La petición de Torrico, remitida a los 12 medios, a través del despacho de la jueza Sofía Camacho, declara su interés de presentar demandas contra periodistas, por los delitos de calumnia, difamación e injuria que son sancionados con penas de hasta dos años de cárcel, según el Código Penal.

El memorial de respuesta recuerda que la Constitución Política del Estado protege los derechos a la comunicación y a la información, además de las libertades de expresión, de opinión y de información “por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

Destaca el parágrafo tercero del artículo 106 de la Carta Magna que atribuye al Estado la función de “garantizar a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

La comunicación enviada a la jueza recuerda que el artículo 107 de la Constitución, expresa que los principios de difusión de información y opiniones a través de los medios de comunicación, “se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta)”.

Fuente: LA PATRIA