Justicia, política y Estado

En Bolivia, el rol de la justicia y la debilidad institucional del Órgano Judicial se manifiestan básicamente en dos dimensiones: en lo social, bajo un cuestionamiento colectivo absolutamente crítico sobre su imparcialidad e independencia, así como en su funcionamiento tal cual Órgano del Estado. En lo político, al evidenciar la no voluntad estatal de encarar una reforma integral del sistema de justicia y consecuentemente, transformar al servicio de justicia para que deje de ser un sistema lento y sujeto a distorsiones.

Si bien durante años se mantiene un método vigente para una sociedad homogénea y no plural, prolongando los juicios y las correspondientes sentencias a extremos difícilmente imaginables, hoy quienes administran nuestra justicia, han estructurado un aparataje que defiende intereses particulares por sobre la verdad, objetividad y debido proceso.

Paralelamente, hoy por hoy existe una visible pero errónea relación entre política y justicia. Obviamente, los hechos políticos tienen consecuencias en el ámbito jurídico, pero desde el oficialismo las diferencias o traslado de las pugnas político partidarias a las instituciones judiciales, tienen como fin eliminar opositores.

Vale aclarar, que estas apreciaciones no alcanzan a varios recursos humanos del sistema que se esfuerzan o que tratan de cumplir con una misión tan significativa para todos. Las voces que se alzan en reclamo de una reforma sistémica también provienen del seno mismo de la “familia judicial”.

El fallido intento de avanzar en una reforma integral del sistema –pese a los anuncios y contra anuncios del Ministro de Justicia, meses atrás–, si bien expresa un retroceso, no niega la legitimidad de un reclamo que cuenta con un consenso social importante.

Para consolidar un efectivo sistema a de justicia, todavía está pendiente: el real acceso a la Justicia, sobre todo para los sectores sociales más desfavorecidos y por la despolitización partidaria de la justicia. Hoy en día siguen existiendo resabios importantes de mala aplicación procedimental o normativa, tanto de parte de Fiscales como de Jueces, que más que acercar expulsan a las víctimas de violencia y delitos. La discriminación también se manifiesta en el costo que significa acceder al sistema de justicia, que nominalmente es gratuita, pero en los hechos no; es una “inversión” significativa en tiempo y dinero, sobre todo teniendo en cuenta la lentitud con que se desarrollan los juicios.

Consideramos que una reducción en la duración de los trámites y juicios contribuiría a modificar sus costos. No son pocas las propuestas en esta línea, desde incorporar tecnologías a las comunicaciones y al trabajo de registro más allá de la pandemia, hasta avanzar en la redistribución equitativa de jueces en los asientos judiciales del país, entre otras cosas. Son discusiones abiertas, por lo que es necesario avanzar y profundizar en ellas.

Es oportuno también, abordar el debate sobre temas siempre presentes en el contexto, como los alcances de la detención preventiva. Esta discusión, entre quienes alegan que por “seguridad” debe incrementar su rigurosidad, y, quienes consideran que “ese” incremento constituye una expresión de violencia institucional, deja como resultado un problema de fondo: el número de personas detenidas a la espera de la resolución de su proceso judicial es por demás excesivo y es una causa de congestionamiento en las cárceles.

Podemos asegurar que nos encontramos en un momento crucial como país. El debate instalado en la sociedad sobre los derechos, transparencia y efectividad de las decisiones del Órgano Judicial tarde o temprano debe traducirse en cambios tangibles y reales del servicio que además hace a la democracia y al fortalecimiento de la sociedad boliviana, posibilitando retomar la idea que acudir al sistema se sobrepone al convencimiento de que no hay justicia. Finalmente, todo lo que promueva una separación más clara de la justicia respecto a la política puede favorecer no sólo a la vigencia, sino al respeto de las instituciones y en una valoración de los ciudadanos hacia la justicia y quienes la administran.

(*) Es Diputado Nacional CC