Viernes 16 de abril de 2021
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Siguiendo con el tema, un aspecto primordial es la estructura del sector minero y las opciones que un inversor encuentra cuando quiere generar un nuevo proyecto minero y sobre todo cuán complicado es en un país como Bolivia. Cómo se adelantó, la filosofía de la Ley 535 es empoderar al Estado, ser permisivos con el sector minero artesanal cooperativo y dejar un rol secundario a la iniciativa privada que debe aceptar las reglas o perecer en el intento. El sector estatal ,controlado por el Ministerio de Minería y Metalurgia tiene un brazo legal para la problemática de derechos mineros (AJAM); un brazo operativo (Comibol) que ahora controla las minas: Huanuni, Colquiri, Corocoro, las Metalúrgicas Vinto y Karachipampa, que cedió el control del Proyecto Siderúrgico Mutún y del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (Ciresu) por presiones políticas y regionales, para dar nacimiento a las autarquías Empresa Siderúrgica del Mutún y Yacimientos de Litio Bolivianos (ESM y YLB). Tiene algunos proyectos en línea entre los que destacan Amayapampa y Mallku Khota emprendimientos privados revertidos al Estado por razones ampliamente conocidas. El sector tiene un brazo de servicios con el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeomin), el Servicio Nacional de Registro de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el Centro de Investigación Minero Metalúrgica (CIMM); también un brazo financiero con los fondos Faremin y Fofin de ayuda a la minería Chica y cooperativa. (Detalles en Título II Cap. I Arts. 36 y siguientes de la Ley 535, Ley de Creación de YLB de Abril de 2017, Ley que refrenda creación de Empresa Siderúrgica del Mutún de 24 de Noviembre de 2007 y otras normas de detalle).
