Justicia y control constitucional

La misión trascendental de los Tribunales Constitucionales es precautelar las Constituciones Políticas, y controlar la correcta aplicación de los artículos amparados en reglamentos legales vigentes de los diferentes procesos constitucionales. El trabajo que debería ser correcto y trasparente, en muchos casos fueron desvirtuados y viciados de irregularidades, incrementando su desprestigio institucional en razón de que estos se manejan de acuerdo al color político del partido en función de gobierno, lo que origina uno de los debates más profundos que recorre transversalmente el concepto y el desarrollo del control judicial de constitucionalidad, que enfoca a la legitimidad democrática de estos Tribunales. Por otra parte, en el marco institucional democrático, el efectivo funcionamiento de los tribunales de justicia es considerado pilar fundamental para la estabilidad y calidad del sistema político y del mantenimiento del Estado de derecho, y si estos no son considerados como instituciones accesibles, capaces de brindar soluciones justas y efectivas a disputas legales, los ciudadanos pueden resolver sus conflictos por medio de la agresión y la violencia.

Conceptualizados estos últimos como “Los medios de protección de los derechos humanos, la posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele ese derecho, si es conculcado o amenazado de vulneración”.

Estas garantías son empleadas por las Constituciones para enunciar los derechos humanos; que no fueron conferidos por el Estado, puesto que son previos a toda organización política, y que deben ser asegurados y garantizados, por el poder público, que se ha constituido con esa finalidad. Por esta razón con el actuar de estos tribunales se deben proteger las libertades de los humanos que en el proceso de cambio que vive el mundo, consiste en la socialización pacífica de la vida, corriendo el riesgo de ver estrangulada la libertad.

El desconocimiento de las libertades, sea por prepotencia de un dictador, de un partido o por presunción de una mayoría parlamentaria, es cada vez más frecuente en la actual etapa sociopolítica de conflictos sociales que se vive cada día; ya que se está pasando de una sociedad tradicional a una de masas con una estructura organizacional formada, que en algunas circunstancias sus manifestaciones o peticiones concluye con violencia, oportunidad en la que surge la necesidad de preservar la vigencia de las garantías constitucionales que en democracia deben ser respetadas con el adecuado funcionamiento del sistema judicial basado en cuatro columnas a) Acceso a la justicia: Garantía de acceso igualitario a los tribunales eliminando la barrera innecesaria del procedimiento burocrático partidario y oportunidad a la justicia gratuita para beneficio de los que no tienen medios económicos. b) Imparcialidad: Aplicación justa e igualitaria del derecho a través de un debido proceso independientemente de su posición social y económica. c) Eficiencia judicial: Aplicación de preceptos jurídicos sin incurrir en actos y conductas de corrupción anulando la retardación de justicia. d) Independencia judicial: No injerencia de intereses políticos y de presiones externas en las decisiones y resoluciones judiciales.