Costosos errores de guerra

La reciente desclasificación, por decisión presidencial, del llamado Informe Rattenbach dejó en claro los graves desaciertos cometidos en la Guerra de las Malvinas (1982) por la Junta Militar argentina, encabezada entonces por el general Leopoldo Fortunato Galtieri.

El voluminoso documento, de 17 tomos, fue elaborado en 1983 por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades por el Conflicto del Atlántico Sur, creada el 2 de diciembre de 1982, compuesta por seis oficiales del grado de Generales o equivalentes (dos por cada Fuerza Armada) y dirigida por el general (R) Benjamín Rattenbach.

Y si bien se conoce que, pese a su carácter secreto, años atrás se produjeron algunas filtraciones sobre partes de su contenido, no es hasta ahora cuando el exhaustivo análisis quedó totalmente abierto a la opinión pública.

El informe recuerda que el 2 de abril de 1982 "la nación y el mundo se enteraron sorpresivamente" de que las fuerzas armadas argentinas habían desembarcado en las Islas Malvinas y que el pabellón patrio se izaba en ellas, reafirmando los derechos soberanos después de 150 años de usurpación británica.

Sin embargo, señala más adelante, "la fuerza empleada equivocada e inoportunamente, no es el medio idóneo para hacer valer los derechos frente al adversario y ante toda la comunidad internacional".

En ese sentido, pondera la necesidad de aclarar "en forma completa y veraz" lo sucedido en la Guerra de las Malvinas, y considerar si los altos mandos de la nación tomaron las decisiones adecuadas y tuvieron la sensatez requerida para alcanzar los caminos idóneos para lograr el objetivo.

"Si ellos no apreciaron correctamente las posibilidades del país, ni previeron las consecuencias ulteriores, de muy poco sirvió el sacrificio", enfatiza.

En sus páginas, el Informe Rattenbach corrobora que la derrota en Malvinas fue responsabilidad directa de la dictadura militar, que apreció erróneamente tanto las posibilidades de sus fuerzas en el teatro de operaciones, como el posible respaldo internacional que una acción de este tipo podía generar.

Al evaluar la factibilidad de la guerra considera obvio que no había capacidad propia para enfrentar a un oponente de tal dimensión por un tiempo prolongado, no sólo para ocupar la posición, sino para consolidarla y asegurarla.

El carácter del teatro de operaciones tampoco resultaba propicio, señala y explica que para la Fuerza Aérea, por ejemplo, abril era la peor época del año para realizar cualquier acción, no sólo por las condiciones meteorológicas, sino porque es también el período de luz mínima.

Enumera asimismo otros elementos adversos como el "escasísimo aviso previo a las tropas", muchas de las cuales fueron además enviadas sin adiestramiento ni equipamiento adecuado, y el hecho de no completar la puesta a punto de las fuerzas aeronaval y submarina.

Hubo asimismo fallas de coordinación entre los mandos para acometer acciones posteriores a la recuperación de las islas; y deficiencias en el orden logístico, técnico, de inteligencia y de comunicaciones, agrega.

"La justicia -indica en otra de sus partes el Informe- deberá aplicarse con el rigor que corresponda a quien hubiese procedido con negligencia o impericia, tanto en lo político como en lo militar".

DEUDA POR SALDAR

Este exhorto formulado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades por el Conflicto del Atlántico Sur constituye una de las deudas que, a 30 años del conflicto, queda todavía por saldar.

En días recientes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) demandó precisamente la imprescriptibilidad de los hechos de tortura denunciados en el marco de la guerra de las Malvinas y pidió encuadrarlos dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad.

El reclamo quedó expresado en un "Amicus curiae" presentado ante la Corte Suprema de Justicia y que sugiere al máximo tribunal revocar la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Casación, que resolvió declarar prescripta la acción penal en estos casos.

En su presentación judicial, la CPM alegó que "pensar la Guerra de Malvinas en el marco de la dictadura remite directamente a desarticular construcciones discursivas que eluden diferenciar a los propios protagonistas de la conflagración".

Los mismos oficiales que llevaron adelante el terrorismo de Estado, condujeron la guerra y disciplinaron a los soldados con las mismas metodologías del horror: vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica, constata el recurso legal.

Advierte asimismo que "detrás del reclamo justo por la soberanía, hay ciertos relatos de la guerra de Malvinas que buscan la legitimación de la dictadura".

Al respecto, indica que estas memorias consideran héroes a todos los que participaron en ella, incluyendo a los oficiales que actuaron directamente en la represión e incluso han sido condenados por violaciones de los derechos humanos.

Cita ejemplos que considera emblemáticos, como el del capitán Pedro Giachino, conocido como el primer héroe caído por la Patria, y quien, "según consta en su legajo de conceptos y en las fojas de censo anual", solicitó más de una vez realizar cursos en contra de la subversión y concurrir a la Escuela de las Américas.

Giachino fue de los que, además, pidió ir en comisión a la tristemente célebre Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde radicaba el mayor centro clandestino de detención y torturas, para integrarse a un grupo de tareas.

La lista -según el CPM- es vasta y algunos de ellos son íconos del terrorismo de Estado, como son los casos de Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Julio César Binotti, el coronel Mario Losito y el gobernador de las Islas durante el conflicto, Mario Benjamín Menéndez, quien actuó en la represión en Córdoba.

(*) Corresponsal de Prensa Latina en Argentina