Análisis, sensibilización y evaluación de la Ley 101 de la Policía Boliviana

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La filosofía y doctrina que sustenta la Policía Boliviana desde su creación ha permitido mantener la unidad y la solidez de su estructura, de manera que este hecho debe traducirse en sus normas que permitan la aplicación coherente en términos absolutos, de la normatividad relacionada con la disciplina, la obediencia, la moral y la ética con relación al ordenamiento interno.

De ahí nace la importancia para que las normas disciplinarias que rigen la conducta de los miembros de la institución del orden, sean compatibles con la formación personal y profesional del funcionario policial y estén acordes con el ordenamiento legal del país.

De esta manera, la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, viene a cubrir una necesidad imperiosa de garantizar los derechos de los funcionarios y su sometimiento consciente a la disciplina interna y el cumplimiento de sus normas.

La Ley 101 tiene su base principal en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Nacional (hoy boliviana) y las leyes del Estado, para ofrecer a los miembros de la institución del orden, un instrumento legal que respete sus derechos, pero que a la vez, imponga sus obligaciones dentro del marco de la disciplina y la subordinación.

La Ley 101 tiene por objeto regular el Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, estableciendo las faltas y sanciones, las autoridades competentes y los respectivos procedimientos, garantizando un proceso disciplinario eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos, en resguardo de la dignidad de las servidoras y los servidores públicos policiales.

Con la finalidad de precautelar, proteger y resguardar la ética, la disciplina, el servicio público policial, los intereses e imagen institucional de la Policía Boliviana.

El propósito principal de este artículo, es sensibilizar al personal policial para que adecuen su conducta a la norma que regula el régimen disciplinario de la institución del orden, además de ajustar su actuación a los deberes y obligaciones que impone el servicio público de protección de los derechos y libertades públicas, pero que permita al mismo tiempo, dar respuesta a las exigencias de un cuerpo policial moderno.