Viernes 26 de febrero de 2021
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Posiblemente algunos empresarios, productores, industriales y trabajadores mineros, no concuerden plenamente con el tratamiento que en la actualidad se otorga a la minería y metalurgia desde el nivel gubernamental, desconociendo o eludiendo responsabilidades sobre un hecho que es considerado como un “factor ineludible” para encarar el desarrollo nacional, tomando en cuenta que se trata de un “privilegio natural” del territorio nacional, contar con grandes reservas de yacimientos mineralizados, desde el occidente al oriente boliviano.
El hecho no es un descubrimiento reciente, se trata de algo que ha sido parte del territorio, desde mucho antes que se consolidara la república y que sirvió en otros tiempos para engrosar las arcas de territorios ajenos y ubicados en otro continente, hasta donde se trasladó nuestra riqueza minera. En nuestro territorio sirvió para costear las movilizaciones políticas y asonadas golpistas durante varios años, vulnerando libertades y democracia.
La riqueza mineral ha servido y aún sirve como base de la “caja económica” del Estado, el soporte que otorga la minería es el que además se toma en cuenta como respaldo de la economía boliviana, la garantía para las grandes y medianas transacciones, pero también para dilapidarla en proyectos ilusorios que respondieron a corrientes “exitistas” de gobiernos irresponsables.
