Miercoles 24 de febrero de 2021
ver hoy
Luego del anuncio, días atrás, de Evo Morales de concluir la carretera sobre el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), es evidente que para el Gobierno nacional son prioritarios los lucrativos negocios que han sido apalabrados a los cocaleros, sectores afines al MAS y a intereses externos, frente a los intereses de la biodiversidad en su conjunto y derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas.
En el caso del Tipnis, el tema de fondo no implica la construcción de una carretera, sino el modelo de desarrollo adoptado por Bolivia como Estado Plurinacional, así como las tensiones sociales, ambientales, culturales y políticas en las que dicha decisión deriva.
Obviamente, Bolivia precisa ampliar su infraestructura carretera, porque las personas, los sectores productivos y turísticos, por ejemplo, necesitan movilizarse y deben contar con medios de transporte idóneos a esas necesidades.
Sin embargo, una carretera impuesta, si no se valoran los impactos en su integralidad, probablemente va a generar mayor deforestación o promover actividades ilegales, entre otras cosas.
Más allá del conflicto del Tipnis, es hora de que el Gobierno nacional y toda la institucionalidad estatal sea responsable social y jurídicamente, optimizando la inversión de ese gran presupuesto público en carreteras que promuevan el comercio, acceso a servicios y generen desarrollo local a un costo cultural y ambiental razonable. Igualmente, es prudente revisar otras alternativas de interconexión u otro tipo de intervenciones que permitan resolver las demandas existentes.
