Campañas contra la libertad de expresión

Existe una ley que dicta cómo deben organizarse las elecciones nacionales, subnacionales o cualquier otro plebiscito o consulta, sin embargo el partido que en la actualidad se halla en función de Gobierno es el primero en ir contra esas normas establecidas y vigentes.

En primer lugar, el propio Presidente de Bolivia condicionó a los ciudadanos a que voten por su tienda política “para coordinar mejor” la entrega de las vacunas, lo contrario significaría dejar a los municipios, donde no ganen, sin los medicamentos contra el Covid-19, pese a que la Ley Electoral prohíbe que se haga campaña con bienes del Estado y las vacunas contra el coronavirus vienen a serlo porque las compra el Gobierno, pero para beneficiar a la ciudadanía en su conjunto.

A saber, las autoridades se eligen para que trabajen por el país y por sus habitantes, y por eso precisamente van a plebiscito, para elegir a sus representantes, quienes prácticamente vienen a ser empleados de la población en general, sin embargo, en este caso se condicionó a los servidores públicos para que trabajen por un partido. Incluso la ley señala que no se puede hacer campaña, al menos en horas de trabajo.

Otro extremo que se vio en ese partido del oficialismo, es que en ciertas regiones de Cochabamba, no sólo en el Chapare, sino en barrios de la ciudad capital, militantes del MAS prohíben a otras tiendas políticas que hagan campaña en esos lugares donde ellos tienen mayoría. Pero surge una pregunta, si tienen mayoría ¿por qué le temen a las campañas políticas de los opositores?

Por otra parte, se advirtió con procesar a las empresas encuestadoras “que mientan” sobre los posibles resultados, y un diputado se puso manos a la obra en un proyecto de ley “contra la desinformación” en las encuestas, para que esas empresas no “desinformen” a la población y dejen de “jugar con los sentimientos, con las pasiones del electorado”, según su proyectista.

Las encuestadoras podían publicar los datos que quisieran mientras mostraban al partido gobernante como ganador, pero ahora que los resultados de la intención de voto de la población, publicados por Ciesmori, dieron como ganadores a otros candidatos de oposición, en cuatro plazas importantes para el MAS, surgió la crítica y se advirtió a la empresa que no publicara “mentiras”.

La misma representante de la Defensoría del Pueblo, esta vez se pronunció en contra de esas acciones que condicionan a las personas a hacer campaña por un partido político, porque atenta contra la libertad de expresión. Los otros hechos también son repudiados a través de las redes sociales y medios de comunicación, por opositores y por ciudadanos de a pie, porque atentan contra la Constitución Política del Estado, CPE y el derecho humano a la libre expresión.

La CPE ideada por el MAS y en actual vigencia señala en su Artículo 21, incisos 3 y 5: “todas las personas que forman parte de la administración pública, sea el Gobierno central, gobiernos autónomos subnacionales o autonomías indígenas originarias campesinas, deben ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión”. El mencionado artículo está en armonía con el Artículo 12 de la Convención Americana y el Artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.