Sector minero metalúrgico espera decisiones de una total reactivación

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Es prolongado el tiempo que transcurre bajo un anuncio repetitivo de reactivar la minería y la metalurgia en el país. Desde los últimos meses de la gestión del gobierno “masista”, luego casi un año del proceso de transición gubernativa con la presidenta Jeanine Añez y el inicio del nuevo proceso político con Luis Arce Catacora, la situación minera se mantiene en una penosa espera de la aplicación de un proceso de cambio que reacondicione el burocrático sistema administrativo de la Comibol, despolitizando sus departamentos operativos y transformándolos en unidades técnico – productivas a cargo de profesionales en la materia, como requisito imprescindible para “reactivar” el aparato minero metalúrgico nacional, según las sugerencias de destacados expertos que opinan sobre la compleja situación de la estratégica reserva minera del país.

Cambio estructural

En el tiempo presente y arrastrando el tema de gestiones pasadas, se plantea una necesaria “readecuación” de la Ley Minera 535, promulgada en mayo 2014 y tras seis años de vigencia, aún no tiene reglamento y tampoco incluye una reactualización de tipo impositivo, obligaciones económicas de promotores y productores mineros, por lo mismo sin posibilidades de competir abiertamente con las regulaciones de países vecinos que captan millonarias inversiones y activan enormes proyectos mineros y metalúrgicos.

Los empresarios del sector han propuesto repetidas veces la necesidad de ejecutar cambios en algunas disposiciones vigentes, para abrir las puertas a los inversionistas que por su parte han planteado “garantías y seguridad jurídica” para disponer el movimiento de capitales en proyectos mineros del país. No se hacen ajustes legales, la Ley funciona irregularmente y en tales condiciones es evidente la ausencia de capitales nacionales y extranjeros para desarrollar proyectos de alto rendimiento minero y metalúrgico.

Reducida inversión

Está claro que las condiciones de orden legal no son las mejores para atraer inversiones extranjeras, tampoco para tentar asociaciones nacionales, tomando en cuenta que en ninguno de los casos, existen regulaciones apropiadas que eliminando riesgos faciliten la incorporación de capitales y hagan viables algunos acuerdos que con tiempo y dinero, permitan consolidar proyectos de alta rentabilidad financiera, bajo estrictas normas de seguridad legal.

Hay urgencia además de alcanzar una adecuada complementación de esfuerzos tanto en el sector estatal, con el sector privado y estos con la corriente de las cooperativas, que mancomunadamente podrían hacer realidad el crecimiento armónico de la industria nacional minera y metalúrgica.

Por las actuales condiciones vigentes en el país, con muchas limitaciones en materia de inversiones, con una pandemia que atenta directamente los planes de producción, con el peligro de poner en riesgo la vida de mucha gente, y con las pocas alternativas de un inmediato repunte financiero, hay que definir una “estrategia de emergencia coyuntural”, para salvar nuestras principales fuentes de ingreso, con minería, metalurgia y las industrias de alimentos, textiles y las medianas y pequeñas empresas, un conjunto voluntario de plena solidaridad para enfrentar los males que aquejan la Nación.

En el caso específico de la minería, su inmediato futuro dependerá de un cambio de dirección en el manejo de las normas vigentes, como el caso de la Ley 535 de minería y metalurgia, que debe ser actualizada y reglamentada para su aplicación de utilidad y servicios, lo contrario seguirá siendo una rémora en el proceso de la actividad minera, desde su exploración, explotación y exportación como partes ineludibles del desarrollo de nuestra riqueza natural, tomando en cuenta la validez de derechos mineros, uso del suelo y el agua, acceso de las fuentes de financiamiento y disponer de condiciones legales que aseguren su vigencia de inversión y percepción de utilidades legales y justas, como parte de un proceso de responsabilidad mancomunada.

Parece sencillo hablar de minería, sin embargo se trata de una actividad que entraña riesgos, obliga a fuertes inversiones y exige alta responsabilidad para su desarrollo y que se traduce en beneficio colectivo por las características de todo su entorno, muy complejo en algunos casos, pero de halagadores resultados cuando su administración y desarrollo se cumplen bajo regulaciones y obligaciones naturales y legales.

La actividad minera obliga al uso intensivo de capital y la complementación de esfuerzos comunes estatales y privados, que hacen posible en su tiempo y lugar el crecimiento de la actividad minera y metalúrgica, como parte de la industria más sólida del país.

Fuente: Medios. Opiniones. PM.