Ley de libre acceso a la información

La Constitución Política del Estado, CPE, de Bolivia, garantiza la libertad de información y expresión, como derechos fundamentales, por lo tanto no se debería pensar en una ley para que los periodistas o ciudadanos tengan libre acceso a la información oficial, gubernamental o estatal, puesto que los servidores públicos son elegidos por la ciudadanía para trabajar por su bienestar y a ésta deben informar sobre sus actos.

La Asociación de Periodistas de Bolivia, y su afiliada de La Paz, a través de sus integrantes, trabajaron una ley de acceso libre a la información, puesto que por algunos años se restringió la información gubernamental y de las oficinas públicas, lo cual suele ocurrir sólo en los gobiernos de facto, es decir, en las dictaduras, pero en los regímenes democráticos no.

Aclaremos que al mencionar mandatarios no sólo nos referimos a presidente y vicepresidente, sino a ministros y otros funcionarios que acompañan a dichas autoridades, puesto que algunos ministros mostraron su molestia ante algunas preguntas de los hombres y mujeres de prensa, o comenzaron a adjetivarlos luego de alguna cuestión incómoda.

Según el periodista Carlos Valverde, no se percibe una enemistad entre autoridades y periodistas, y él atribuye esas escasas apariciones en público, de los mandatarios, o encuentros con la prensa, a que no saben qué responder, pues no tendrían un plan estructurado para enfrentar los diferentes problemas que se presentan en el país.

Sin importar la razón, las autoridades elegidas por la ciudadanía en comicios libres y democráticos, para servir al país y a su gente, deben rendir cuentas públicamente y de manera periódica, para que su gestión sea transparente y los contribuyentes sepan en qué se gastan los recursos que aportan a través de sus impuestos. El dinero no es de las cuentas personales de esas autoridades sino que son del pueblo y por eso a éste deben responder de sus actos y de los gastos que se realizan, porque esos recursos tienen que ser devueltos a la población en obras y servicios.

Si los gobernantes no tienen nada que ocultar, deben dejar que cualquier ciudadano pueda acceder a la información gubernamental y más aún los trabajadores de la prensa que son quienes difunden la información de forma clara, objetiva y breve para que la ciudadanía comprenda lo que sucede en el país.

Con o sin ley de libre acceso a la información, los servidores públicos están obligados a brindarla, pues ese es un derecho de la ciudadanía que está plasmado en los primeros artículos de la Constitución Política del Estado actual y vigente, por lo que no se debe restringir la misma ni discriminar a quién se la brinda y a quienes no.