Derechos humanos: ¿fracaso del estado?...

El pasado 10 de diciembre, la humanidad ha conmemorado el día de los Derechos Humanos, instituido por un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los DD.HH. (1948), sin duda el instrumento global más célebre para la defensa del ser humano.

Al respecto, la CPE boliviana proclama que los Derechos Humanos son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; le impone al Estado el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos e incluso, obliga interpretarlos y aplicarlos hasta por encima de ella. Dispondríamos de un fabuloso soporte normativo, acorde con la mayor parte de la doctrina cuando sostiene -nada más ni nada menos- que el fin primordial de todo estado contemporáneo genuinamente democrático, radica en la realización de los Derechos Humanos de todos sus estantes y habitantes, es decir, los actuales estados existirían para cumplirlos en favor de todos. Hasta ahí el verso constitucional y convencional.

Esa temible conclusión aplica demostrablemente en nuestro país. Bastará remitirse a los múltiples informes, entre muchos otros, sobre el estado del arte de la justicia en Bolivia, que coinciden en demostrar por ejemplo nuestros sistemáticos fracasos en acceso a la justicia, agravados tratándose de grupos vulnerables (discapacitados, indígenas, niños o mujeres) o los insultantes índices de presos sin condena o hacinamiento carcelario; retardación de justicia o no tutela oportuna y efectiva; en suma: el fracaso del sistema de administración de justicia para tutelar esos derechos.

Ni qué decir sobre el derecho a la vida y su otra cara de la moneda como es el acceso a sistemas de salud, pandemia más o pandemia menos, la situación actual es deplorable, a lo que habría que sumar a la tragedia que millones de familias bolivianas viven en relación con su derecho humano a gozar de una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, además de trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

Mi recuento podría seguir sumando, pero elijo incidir en algo fundamental y aterrador: los últimos informes anuales de la Defensoría del Pueblo (2013 adelante), muestran que las principales instituciones del sistema de justicia penal de Bolivia, como la Policía Nacional, Órgano Judicial y Ministerio Público han sistemáticamente sido denunciadas por los ciudadanos ante la Defensoría del Pueblo, como las principales violadoras de los Derechos Humanos !!!; es decir, más allá que no todas esas denuncias puedan resultar evidentes, la tendencia del sistema muestra que esas instituciones aparecen como las mayores violadoras de DD.HH., cuando su razón de ser, esencial, es más bien tutelarlos.

Si se analiza otra información también disponible sobre nuestros sistemas de salud, empleo u otros vinculados con la temática de los Derechos Humanos que siempre aparecen en escena dada su integralidad, saldrá también información parecida, lo que marca una no menos temible conclusión: el estado está demostrablemente fracasando en su razón de ser cuando consiste en garantizar nuestros Derechos Humanos sin importar ningún tipo de discriminación y, lo que es peor, lo hace a través de sus agentes y sus instituciones que perpetra aquellas violaciones, pese a la amplia estructura institucional establecida precisamente para esos fines. ¿Un fracaso en la razón de ser del estado? Peter HABERLE, sentencia: “Un Estado que descubre y practica los Derechos Humanos, un estado que respeta las libertades públicas de los ciudadanos, en lo general, es un estado de justicia”.