Gobernabilidad, idoneidad y transparencia

El país vivirá un cambio de gobierno producto del proceso electoral efectuado el pasado 18 de octubre, régimen que tiene que considerar la idoneidad y trasparencia como requisitos indispensables si se quiere obtener la aceptación y aprobación del soberano. Hablar de idoneidad es referirse a la aptitud, buena disposición o capacidad que alguien tiene para un fin determinado, es decir, es la persona adecuada, apropiada o conveniente, para desempeñar determinado cargo o función dentro de una organización.

La idoneidad se encuentra ligada a la transparencia que es la claridad y honestidad que todo ser humano debe tener en el desarrollo personal e individual de su vida cotidiana. Es uno de los valores éticos que a todo servidor público corresponde aplicar en el ejercicio de su función, de ahí la conjunción con otros conceptos como el derecho a la información, el acceso a la información y la rendición de cuentas con los que la transparencia convive y se interrelaciona diariamente en la labor pública. La transparencia en el gobierno, debe ser un valor ético y un mecanismo fundamental de exigibilidad pública y de responsabilidad para con la sociedad. Es la claridad y honestidad en el manejo y administración de los bienes del Estado, se encuentra estrechamente relacionada con la información clara, oportuna y óptima que se brinde al soberano.

En este contexto es considerado como esencial el informe económico o rendición de cuentas que se tiene que brindar al soberano como un derecho ganado por la democracia participativa del pueblo y una obligación que tienen los servidores públicos a proporcionar, de manera clara y expedita, la información derivada de las funciones gubernamentales. Por esta razón las instituciones del Estado tienen que buscar la idoneidad moral y profesional de sus servidores por medio de la transparencia, exigencia periódica fundamental en el comportamiento y actitud para diseñar estrategias, con objetivos y propósitos claros para beneficio de la sociedad, en tanto que las acciones del Gobierno tienen que orientarse a maximizar el uso social de la información y dar sentido a los principios democráticos de un informe periódico de rendición de cuentas como nitidez en el manejo económico del Estado.