Ley de Pensiones de Evo vs. Ley de Pensiones de Goni

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Existen muchos temas a los que no se les da importancia, porque pensamos que falta mucho para que sus consecuencias nos afecten, sin embargo, los efectos nos llegan desde que se conciben y peor aún, desde que se promulgan, cuando se habla de leyes.

Una de las muchas leyes, que determina cómo vamos a envejecer, es la tan discutida pero, al parecer no bien analizada, Ley de Pensiones Nº 065 que promulgó Evo Morales el 10 de diciembre de 2010.

Bien reza el objetivo de esa Ley que señala: La presente Ley tiene por objeto establecer la “administración” del Sistema Integral de Pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y las bolivianas, en “sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado”.

Pues lo único que hace es administrar el sistema enmarcado en la Constitución Política del Estado.

El 10 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley 065 que es la Nueva Ley de Pensiones vigente en nuestro país que derogó la Ley 1732 de Gonzalo Sánchez de Lozada que fue la que creó las Administradoras de Fondo de pensiones, que son dos en Bolivia, Futuro Bolivia y BBVA Previsión.

Inchausti asegura que tanto la Ley vigente y la anterior tienen dos diferencias.

La primera es que con la Ley 065 se da cumplimiento a la Constitución Política del Estado, que establece que todos los recursos deben ser administrados por el Estado.

“No puede haber participación de los privados en la administración, entonces por ende la nueva Ley dispone la creación de la Gestora Pública como también de la Aseguradora Pública”, explicó Inchausti.

En cuanto a la segunda diferencia, sostiene que es, la creación de un Fondo Solidario para las personas que perciben rentas paupérrimas, con el fin de elevar un poco su jubilación, en un tope de 2.600 bolivianos y para el sector minero a 3.600 bolivianos.“Pero se crea un aporte patronal y uno laboral nuevos, entonces estas rentas siguen siendo financiadas únicamente por los trabajadores, no existe aporte alguno por parte del Estado, no es como el sistema antiguo de Reparto que era tripartito: empleador, trabajador y Estado; en esta nueva Ley de Pensiones se sigue manteniendo lo dispuesto por la Ley de Gonzalo Sánchez de Lozada, que las jubilaciones son financiadas únicamente por medio de los aportes de los trabajadores”, refirió el abogado, a tiempo de asegurar que “prácticamente son esas dos diferencias, luego es la misma ley que la de Gonzalo Sánchez de Lozada, pues todo está en base a capital.

Muchas personas, manifestó, dicen -si llego a 25 años de trabajo me voy a jubilar con el 60 por ciento de mi salario promedio, que ahora se lo determina y se lo dispone como referente salarial- falso, va a estar en base al capital final que tiene, pues será el capital que financiará el dinero.

Por ejemplo, expresó el profesional, es como que se quiera recibir 100 dólares mes de un DPF (Depósito a Plazo Fijo), yo voy y pregunto al banco cuánto tengo que poner en DPF para que me den 100 dólares mes, ellos hacen los cálculos y me dicen un ejemplo hipotético, 10.000 dólares, entonces usted da 10.000 dólares y el banco dará los 100 dólares cada mes.

De la misma forma funciona este sistema, así era con la ley de Sánchez de Lozada y así es con la Ley del actual gobierno, entonces no hay grandes cambios; en el nuevo sistema sólo la creación de este fondo solidario y después no existe otro cambio que podamos decir “hemos avanzado, enormemente” en el sistema de seguridad social a largo plazo y a corto plazo que viene a ser lo de riesgo.

Advirtió que los manuales de calificaciones para el riesgo común y riesgo profesional no se adecuan a la realidad de nuestro Estado, porque falta implementar diversas políticas en tema de salud y en diferentes ramas para que realmente los manuales con los que nos califican a los enfermos o a los que han tenido accidentes, realmente se adecuen a la forma de calificación, “falta mucho por trabajar”.

Respecto de las personas que deben jubilarse y no quieren porque la renta que recibirán es muy baja, Inchausti indicó que “lamentablemente” no se puede hacer mucho, ellos dicen -yo no me quiero jubilar porque es muy poco-, el tema es que si es muy poco ahora, quién les dice que va a ser más el día de mañana, porque para eso tendría que cambiarse la norma, y esta norma va a estar vigente, entonces se debe tratar de acceder al beneficio de la mejor forma y lo más antes posible.

Recomendó que los que deben tener un trabajo duro de fiscalización son los trabajadores mismos ya que ellos tienen que cumplir el derecho constitucional del control social.

“Uno de los sectores que está luchando desde el año pasado con la nueva Ley es la directiva de Federación de Mineros, que hasta ahora sigue en las mesas de trabajo y no permite que se emitan normas o disposiciones que vayan en contra de los derechos de los trabajadores. Es algo muy loable de este sector”, manifestó reconociendo también que el magisterio está comenzando a concienciarse sobre algunos artículos que perjudican a los trabajadores y están empezando a hacer sus reclamos, pero todo va a ir mejorando en el tema de pensiones y creo que vamos a ir avanzando porque con esta nueva Ley no hemos avanzado absolutamente nada, porque no tenemos cambios radicales ni la jubilación que los trabajadores esperaban.

Aseveró que la única forma que este sistema cambie es por las demandas de los propios trabajadores, pero, una vez concienciados de cómo funciona este sistema, porque es muy fácil decir -esto funciona así- y llegado el momento cuando van a jubilarse se dan cuenta que no era así, era de otra forma, y de esos hay muchos ejemplos para demostrar que nos han vendido una Ley que no funciona como nos decían que funcionaba.

Toda la clase trabajadora lo que pedía es una jubilación justa, que realmente le dé una vejez digna, que pueda ser solvente en las necesidades cuando uno entra al sector pasivo y, no ser una carga a los hijos.

Esto, remarcó, se logra fiscalizando, pidiendo que las rentabilidades sean mayores, porque en este momento las rentabilidades que se pagan por los aportes no permiten tener un capital necesario para jubilarse con el 60 por ciento que uno gana, por ejemplo, comienzan a trabajar por 1.000 bolivianos, en 25 años su sueldo no sigue siendo 1.000 bolivianos, tal vez ya está en 7.000 entonces ya hay una diferenciación, entre los primeros aportes hasta los últimos, entonces no es un capital justamente necesario para tener una renta del 60 por ciento de esos 7.000 bolivianos, siempre va a ser menor.

“Lo que sería muy bueno para este sistema es que el Estado aporte, si el Estado aportaría para nuestra jubilación y no sólo nos estaría regulando el acceso a nuestros beneficios, sería mucho más beneficioso. Entonces lo bueno sería que el día de mañana una vez que todos los trabajadores estén concienciados de cómo funciona este sistema, se exija al Estado que participe y no sólo sea un administrador”, expresó Inchausti.

INCHAUSTI

Marcelo Inchausti es un abogado con experiencia en la Ley de Pensiones, pues su carrera laboral está enmarcada en el asesoramiento a diferentes instituciones y personas particulares sobre la materia laboral y de seguridad social. Es asesor de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, fue gerente de la empresa Vejez Segura de Santa Cruz, así como asesor en la planificación del seguro social obligatorio de largo plazo en la Cooperativa de Electrificación de ese departamento.

Y al respecto de esta Ley brindó conferencias y seminarios en la Universidad Técnica de Oruro, Udabol, San Simón, Univalle, Tomás Frías y Gabriel René Moreno, así como en la ex prefectura de Tarija.

Fuente: La Patria