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Instituciones “conocen a medias” sentencia que permite Interrupción Legal del Embarazo - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
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Jueves 19 de noviembre de 2020

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Instituciones “conocen a medias” sentencia que permite Interrupción Legal del Embarazo

19 nov 2020

Fuente: LA PATRIA

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Pese a la existencia de una sentencia constitucional que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en circunstancias específicas, la Defensoría del Pueblo identificó que las instituciones pertinentes en Oruro tienen un “conocimiento a medias” aspecto que dificulta este derecho de las mujeres.

“La situación en el departamento y en el municipio en particular es que hay un conocimiento que de repente podemos llamar un conocimiento a medias, hay que ir reforzando, ir incidiendo, se ha recomendado de manera personal a nuestro director del Sedes para que pueda incidir con procesos de capacitación en los 35 municipios del departamento de Oruro”, señaló José León.

El reciente martes se realizó la presentación del Informe Defensorial sobre la Interrupción Legal del Embarazo en el auditorio del Hospital Barrios Mineros, acto que contó con la presencia de autoridades del Sedes, Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y directores de 39 centros de salud del municipio de Oruro.

Además, se refirió a que el sector salud sería el que más está vulnerando el derecho de algunas mujeres para acceder a la ILE, sus profesionales se resguardan en la Objeción de Conciencia, que se resume en la negativa a acatar leyes invocando motivos éticos o religiosos.

La Sentencia Constitucional 206/2014 indica que una mujer puede acceder a la ILE si se ha producido un embarazo a partir de un delito de violación, o si el embarazo genera riesgo para la salud o la vida de la mujer.

León explicó, que las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) del Gobierno Departamental y Municipal de Oruro, fueron notificados con este Informe Defensorial que refleja la situación sobre los derechos vulnerados, que dispone la intervención médica en las causales establecidas en la Resolución Constitucional, debiendo las autoridades pronunciarse en el plazo de 30 días sobre el referido documento.

Fuente: LA PATRIA
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