2/3 y los derechos de las minorías

En los estertores de su funesta gestión parlamentaria y en un acto propio de filibusterismo parlamentario, la anterior Asamblea Legislativa modificó sus reglamentos de funcionamiento reduciendo la exigencia de 2/3 a simple mayoría, alegando tener competencia para hacerlo y tratarse de simples cuestiones de trámite administrativo.

En abstracto, evidentemente que tiene competencia para modificar esos reglamentos en la medida que no vaya en contra de las leyes, la CPE y los IIII y, en el caso concreto, la inteligencia y oportunidad para hacerlo resulta muy discutible incluso desde la DCP 01/2020 de ampliación excepcional de mandato de autoridades electas y su Ley No. 1270 emergente y, peor ante la asunción de los nuevos asambleístas (2020 adelante).

Recurriendo a ese mecanismo meramente “administrativo” según sus perpetradores, lo que se está haciendo en la realidad es vaciar de contenido los derechos políticos de aproximadamente el 45% de bolivian@s, cuya representación parlamentaria ha quedado así expresada en esa ALP ahora controlada por la mayoría del 55%, estableciendo la arquitectura necesaria para nuevamente, meterle no más por encima de todo que no sea la voluntad del gobierno próximo a asumir, condenando a quienes representan al resto de la ciudadanía a ser un florero, en el máximo escenario de deliberación y fiscalización política partidaria. La genuina democracia, se construye a partir de los disensos de todos, logrando los niveles de consenso posibles, lo contrario es simplemente autoritarismo, que conduce inevitablemente a la tiranía, así sea de parte de las mayorías.

Por eso es que en mis opiniones publicadas en los medios desde hace varios años atrás, insistí en la idea que particularmente, jamás le otorgaría a ninguna facción –sea del color que sea- los temibles 2/3 puesto que el boliviano con tal nivel de poder, como la historia reciente y algo koñichi lo prueba más allá de duda razonable, se convierte en mono ebrio con motosierra.

Ello obedece a que una medida de ese calibre así sea de parte del soberano en elecciones o de sus representantes en el parlamento, tiene graves déficits constitucionales y convencionales cuyas salvaguardas fueron fijadas para preservar la democracia y no vaciarla de contenido. La CPE ordena que la democracia se ejerce entre otras, a través de forma directa, participativa y representativa precisamente por medio de los asambleístas, por lo que tod@s los ciudadanos tenemos derecho a participar libremente, no sólo en la formación del poder político a través de nuestros representantes parlamentarios, sino directa o indirectamente en el posterior ejercicio y control del poder político y por supuesto, en la fiscalización de sus actos. Incluso, taxativamente (arts. 12. III y 140.I) prohíbe que las funciones de los órganos públicos sean reunidas en uno solo o sean delegables entre sí, vedando al legislativo u otra instancia, conceder facultades extraordinarias diferentes a las de la CPE.

La Convención Americana de DD.HH. (Derechos Políticos, según su art. 23) franquea en favor de todos los ciudadanos –no sólo de las mayorías- el derecho de gozar iguales derechos y oportunidades, incluyendo la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de nuestros representantes, libremente elegidos. Si ese ejercicio queda entregado sólo a una mayoría simple, es obvio que tendremos esos derechos sólo el papel mojado de la CPE, pero no la acción para ejercerlos: otra estrategia envolvente. El Maestro del garantismo Luigi FERRAJOLI lo sentenció: “Para que un sistema sea democrático, se requiere al menos que a la mayoría le sea sustraído el poder de suprimir el poder de la mayoría”.

Fuente: Por: Arturo Yáñez Cortes