Cuando se habla de autonomías la primera visión está dirigida a lograr la independencia del manejo presupuestario sin dependencia del Poder Central y en función a la generación de recursos que se logren con planes de desarrollo creados, implementados y ejecutados en base al uso de recursos naturales y los factores diversificados que puedan darse como resultado de emplear la capacidad y el talento de la propia comunidad.
La organización territorial del país a partir de la instauración de un modelo descentralizado que se denomina autonómico y que permitirá utilizar variedad de elementos técnico financieros para establecer un presupuesto de operación departamental que abarque los proyectos productivos, de manera especial y que permita encarar al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad, obligará a implantar un modelo económico particular que sea el resultado de la realidad generadora de recursos propios y que en su caso puedan respaldar, la contraparte de empréstitos de organismos nacionales u otros externos, a los que se recurra para fomentar el desarrollo regional.
El procedimiento sin lugar a dudas traerá una serie de alternativas, algunas que ya se vislumbran cuando se habla de un Plan de Desarrollo Departamental, (PDD) que debe ser estructurado en base a las necesidades y también a las proyecciones departamentales, de manera que pueda ser incluido en el Plan Operativo Anual (POA), que a su vez debe ser aprobado en otras instancias para tener opción a su ejecución, lo que significa una gestión burocrática que por lo menos hasta ahora debe cumplirse.
En otra instancia, se menciona el Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL) que se origina en la proyección económica del Gobierno Municipal, dirigido de manera especial a impulsar el desarrollo de la ciudad, identificando todas las potencialidades productivas del sector. Ese trámite igualmente debe llegar a la instancia de aprobación para su inclusión en el POA municipal.
Se está hablando en todo caso de la estructuración de más de un plan de desarrollo departamental y si bien pueden definirse áreas como la que corresponda al orden general del departamento y en la otra instancia sólo a la ciudad capital, en ambos casos se mencionan las potencialidades productivas que en la observación técnica vienen a ser lo mismo, sólo con diferente destino.
La preocupación es lógica cuando se piensa en una posible dispersión de esfuerzos para proyectos de Oruro, los que deben estar bajo jurisdicción de la Gobernación y los otros que tendrán ejecución por la estructura municipal y posiblemente algunos proyectos puedan ser compartidos por las dos entidades encargadas del desarrollo orureño, de tal suerte que las obras sirvan a la mayor parte de ciudadanos.
Lo importante es que las “entidades territoriales” que están necesariamente involucradas en el próximo estado de situación que significa el paso a la estructura autonómica, deben tratar de simplificar sus modelos operativos para llegar con mayor claridad al objetivo del adecuado uso de recursos naturales de modo que no se dupliquen esfuerzos, pero sobre todo que en ningún sector se pretenda gastar más de lo que objetivamente se requiere para ejecutar obras de interés común y no sectario o motivado políticamente.
La costumbre de crear en cada gestión un plan de desarrollo existiendo anteriores que no han sido cumplidos adecuadamente, obliga a rescatar lo utilizable y descartar la superficialidad de algunos programas que mayormente responden a promociones partidarias. Lo deseable es que pueda alcanzarse un justo equilibrio en los planes institucionales, para que la ejecución de obras sirva a los fines de mejorar las condiciones de vida de los bolivianos en general.
Fuente: La Patria
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