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Martes 22 de septiembre de 2020

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Bolivia - Nacional

Fiscalía imputa y pide cárcel para el expresidente de YPFB

22 sep 2020

Fuente: La Paz, 21 (ANF)

Herland Soliz es acusado de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes

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El Ministerio Público emitió la resolución de imputación formal en contra del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, por presuntas contrataciones irregulares durante la cuarentena.

Soliz fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes. La Fiscalía pidió la detención preventiva del sindicado en el penal de San Pedro.

El Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, dijo que el imputado habría emitido una Resolución Administrativa el pasado 31 de marzo mediante la cual se realizaron presuntas contrataciones irregulares de manera directa para actividades hidrocarburíferas, administrativas de bienes y servicios que eran necesarias para la estatal petrolera, según refiere la denuncia interpuesta por la Unidad de Transparencia de esa institución.

Estos procesos de contratación se hicieron durante la emergencia por el coronavirus (Covid-19).

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Alexis Vilela, explicó que se notificó por edicto a la exautoridad, mismo que fue publicado el 26 de agosto, con el fin de que se presente ante la comisión de fiscales para brindar su declaración informativa en calidad de sindicado dentro del proceso de investigación.

Según el fiscal Vilela, el expresidente de YPFB tenía cinco días a partir de la publicación del edicto para asumir su defensa en el proceso; sin embargo no lo hizo y de acuerdo a procedimiento se emitió la imputación.

“El imputado en su calidad de Presidente de YPFB, es quien firmó la Resolución Administrativa 78/2020, misma que no se adecua a las normas vigentes y es contradictoria al ordenamiento jurídico en relación a la forma de contrataciones que deben realizar las instituciones públicas, así también contradice el reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios y la misma Constitución Política del Estado”, manifestó.

Fuente: La Paz, 21 (ANF)
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