Mineros reaccionaron irritados ante atropellos contra intereses de Oruro

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Han sido los trabajadores mineros cooperativistas que reaccionaron en defensa de los intereses de Oruro, cansados de “recibir sólo promesas” y ninguna atención específicamente práctica a favor de la región que se encuentra soportando una grave crisis por la desatención gubernamental y la inoperancia de sus autoridades.

Una disposición superior de funcionarios de minería emitida recientemente, dispuso el traslado a la ciudad de Potosí, de la Unidad de Exploración y Operaciones de Comibol, que funcionaba como parte en la agencia de la estatal minera en Oruro, situación que se convirtió en el detonante de una explosiva reacción de los trabajadores mineros que rechazan esa medida, declarando emergencia en su sector y disponiendo movilizaciones públicas en defensa de sus derechos.

Hay que recordar que desde el pasado año y en la anterior gestión gubernamental, el ministro de minería de entonces comprometió una serie de programas para Oruro, financiamientos de por medio para su ejecución, lo que no se cumplió en ninguna instancia. Como elemento determinante de un reclamo justificado, aparte del problema emergente en días pasados, lo que pesa y persiste, es la falta de incentivos para “reactivar la minería” orureña, considerando que en más de una década no se emplazó ni un solo proyecto minero, ni en el sector estatal, menos en el privado que reclama garantías y seguridad jurídica para movilizar posibles inversiones.

Lo evidente es que en la anterior gestión, se hizo profusión de anuncios y promesas que no se ejecutaron; a partir de la actual gestión de transición, las cosas no han mejorado y el cambio de autoridades en los cargos superiores del control a iniciativas mineras, ha perjudicado seriamente la perspectiva de encarar el desarrollo regional.

Ley sin reglamento

La causa determinante para el atraso en la actividad productiva minera, es la falta de una adecuada reestructuración del aparato administrativo minero, tarea anunciada pero inaplicable por la carencia del instrumento debidamente funcional que sería la ley de minería, promulgada en Oruro en mayo del 2014 y que desde entonces carece de reglamentación y complementación de medidas, como las de orden tributario, que constituye otra falencia para motivar el interés de inversionistas que puedan acogerse a estímulos impositivos y no a normas restrictivas como las que ahuyentan a posibles emprendedores mineros.

Una tarea imprescindible debería ser la conformación inmediata de una “comisión redactora” del reglamento y actualización de la Ley Minera 535, que durante seis años, es sólo “un florero” en la mesa de autoridades del sector que deben comenzar su trabajo de responsabilidad minera, activando una Ley Minera, operativa, jurídicamente segura, de incentivos a las inversiones y de actualización normativa para encarar una efectiva “reactivación minera metalúrgica” en el país, partiendo de la reestructuración del ministerio sectorial y de la Comibol.

Apoyos solidarios

La actitud de los mineros cooperativistas de Oruro, recibió el apoyo de instituciones regionales, laborales, empresariales y de la minería estatal y privada, a través de sindicatos que exigen el retorno oficial de la Unidad de Exploración que debe seguir dependiendo de la regional de Comibol, que además tiene a su cargo cierto equipo pesado, para fomentar las tareas de exploración minera, que han sido postergadas por la falta de recursos específicos para esos fines.

La Federación de Mineros, la de Cooperativas Mineras, sindicatos mineros del distrito, sumaron apoyos a los mineros de Oruro que decretaron “pie de lucha en defensa de sus intereses”. Algo que sobresale es la advertencia de los mineros a las autoridades departamentales para que estas asuman defensa del interés regional, evitando el desmantelamiento de una unidad de exploración en el distrito y demandando el cumplimiento de disposiciones que eviten enfrentamientos y alteraciones de las actividades laborales.

La posición de los mineros de Oruro, ha logrado también una reacción de la institucionalidad regional, en rechazo a medidas que afectan intereses regionales y exigiendo la atención necesaria a la solución de los problemas existentes, que están alterando el desarrollo regular de la producción minera.

Los empresarios privados y representantes institucionales seguirán insistiendo en la visita de algunos ministros de Estado, para dialogar y acordar medidas que reactiven el aparato productor del Departamento de Oruro.

Fuente: Agencias. PM.