Autoridades originarias y pobladores de la zona limítrofe en conflicto con los hermanos potosinos, han planteado al Gobierno central acciones concretas para definir una estrategia pacificadora en la región, que evite la confrontación entre vecinos, especialmente en un periodo agrícola que se presenta en la actualidad y la futura cosecha que podría ser el motivo de nuevas escaramuzas por parte de campesinos potosinos que mantienen una tensa calma.
La Asamblea de la Orureñidad cumplida horas atrás aprobó resoluciones que han sido transmitidas al poder central para que se adopten las medidas del caso, especialmente en la zona conflictiva, donde se hace necesaria y con mucha urgencia la presencia de efectivos militares, pues el control policial ha sido rebasado en varias oportunidades y una última con el saldo de numerosos heridos, la mayoría en el sector orureño.
Se ha mencionado la militarización de la zona, pero tal planteamiento suena como “ocupación militar” arbitraria e ilegal, por lo tanto resistida de manera directa por la comunidad potosina del sector. Sin embargo y de acuerdo a disposiciones vigentes de seguridad interna, el Gobierno tiene la potestad de disponer la presencia de efectivos militares allí donde se produzcan actos que alteren la paz ciudadana y afecten la seguridad de las personas y la propiedad privada justamente lo que acontece en el sitio entre Coroma y Quillacas.
El proceso de revisar las referencias geográficas por parte de una comisión mixta no ha dado resultado por un justificado rechazo de los comunarios orureños que se han visto impedidos, en su momento, de participar en la denominada “georreferenciación” en desigualdad de condiciones, propiamente sin la documentación demostrativa de posicionamiento territorial que no fue devuelta con la oportunidad del caso.
La comisión de referencia, respaldada por el Ministerio de Autonomías, avanzó en su tarea pero unilateralmente pues la participación y representación de Oruro estuvo ausente en ese proceso parcial, que ha sido rechazado con toda razón exigiéndose una nueva revisión de hechos, ahora que la representación orureña de manera oficial ha recuperado su documentación oficial que se hallaba en poder de autoridades ministeriales.
El delicado problema persiste, la tensión es constante en el lugar limítrofe, la amenaza de avasallamiento no ha cesado y los comunarios orureños piden que se disponga medidas de seguridad en defensa de su integridad y sus bienes, por lo que han planteado abiertamente la presencia de efectivos militares que permanezcan en tanto se resuelva por lo menos la parte estructural del proceso
de esclarecimiento de las referencias geográficas en base a los documentos originales y oficiales que exhiban los emisarios de ambas jurisdicciones.
Bajo tales condiciones es preciso que desde el nivel ejecutivo se instruya a la Asamblea Plurinacional el tratamiento de la ley de unidades territoriales, cuya aprobación establecerá las condiciones definitivas para eliminar no sólo el conflicto entre Oruro y Potosí, sino todos aquellos que existen y que siguen causando confrontación entre bolivianos.
Ya es tiempo que desde los niveles superiores se atiendan los planteamientos orureños que por mucho tiempo están siendo postergados y que ahora exige soluciones a través de la representación cívica debidamente reconocida y respaldada por la institucionalidad departamental.
Fuente: La Patria
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