Seguridad jurídica en crisis

La democracia se encuentra cimentada en la vigencia plena del estado de derecho, la separación de poderes y sobre todo en la seguridad jurídica que es el grado de certeza y confianza que brinda el Estado a los estantes y habitantes de un país, asegurando una correcta aplicación de la norma jurídica en la administración de justicia.

La seguridad jurídica está sujeta a la constitucionalidad que debe precautelar el Estado, asentada en la Constitución Política que impone y asegura la defensa de las libertades y los derechos del hombre, estableciendo que el ejercicio de la soberanía está delegado a los cuatro poderes y que su independencia y coordinación son la base del gobierno, constituyendo el marco fundamental orgánico y estructura del propio Estado, protegiendo de esta manera los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos, que no vulneren las Leyes en razón de que los derechos humanos tienen un límite y no se pueden confundir con actos punibles y violación del ordenamiento jurídico, que no deben ser entendidos como negación de derechos y garantías.

Sensiblemente la injerencia abierta de la política en los administradores de justicia hace habitual y costumbre la violación de la Constitución y leyes en sus resoluciones judiciales, obligando a los afectados a iniciar juicios por prevaricato, resoluciones contrarias a la Ley o en su caso a recurrir al Tribunal Constitucional para denunciar el incumplimiento de la Constitución y las Leyes. Sin embargo, el apego a la política de este último obliga a dilatar bastante tiempo su fallo. La seguridad jurídica está intrínsecamente relacionada con la separación y autonomía de poderes, correcta administración de justicia, renovación y rotación de personal mediante selección y elección adecuada de magistrados, vocales. Jueces sin identificación y afinidad política basada en convocatorias limpias prevaleciendo los méritos, experiencia e idoneidad de las personas. En este contexto, la notable crisis de la seguridad jurídica vivida hoy en Bolivia, es consecuencia de múltiples factores, entre los cuales resulta determinante el sentimiento de desamparo de la sociedad por la falta de aplicación de las leyes, que ha impulsado a distintos sectores a actuar muchas veces al margen de los mecanismos legales, obviados y distorsionados por los administradores de justicia. Con un trabajo honesto y cristalino se logrará mejorar la imagen de este órgano que cada día incrementa su deterioro y detrimento institucional.

(*) Es ingeniero

Fuente: Por: Ramiro Siles Velasco (*)