Instituciones activan coordinación para garantizar derecho a la propiedad privada

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Ante las constantes denuncias de avasallamiento y tráfico de tierras que recibe el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), instituciones activan coordinación y cooperación, para analizar la Ley 477, y de esta forma garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada en el municipio de Oruro.

La semana pasada se reunieron los representantes del INRA, Tribunal Agroambiental, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Ministerio Público, entre otros, quienes además de establecer una coordinación más estrecha, delimitaron sus responsabilidades institucionales en la aplicación de la Ley 477, de Avasallamiento y Tráfico de tierras.

“El objetivo de este trabajo es garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada y seguridad jurídica a la población de la ciudad de Oruro, contra asentamientos ilegales y tráfico de tierras por personas y grupos constituidos, que amenazan con la tranquilidad y la vida de las personas”, explicó el director Departamental del INRA, Teodoro Blanco.

CONFLICTOS

Al Norte y Oeste de la ciudad, con Cochiraya, Iroco y otras propiedades.

Al Sur con comunidades de Sora, Quitaya, Vito, específicamente con asentamientos de Villa Challacollo, Sucesión Ocampo Young, Pampa Alamasi, Chiripujio y otros.

Además de los problemas limítrofes administrativos con el municipio de El Choro.

COMPETENCIAS

Se determinó que el Tribunal Agroambiental, pueda ordenar el desalojo, sentencia y medidas precautorias en predios con actividad agropecuaria; el INRA adopta medidas precautorias en áreas de saneamiento y activa procesos de las tierras fiscales avasalladas en áreas rurales.

La fuerza pública interviene por disposición del Juez Agroambiental u otra autoridad jurisdiccional.

Fuente: LA PATRIA