Las clausuras de años escolares eran prácticas endémicas de las dictaduras para aplacar la reacción de los padres de familia, desconcentrar a la población escolar y universitaria y crear así una tensa paz. En democracia esta medida, pese a la pandemia actual, debería ser la última en pensarse.
Las clases virtuales no son un dechado de perfección, pues el profesor o catedrático no puede mensurar in situ el aprovechamiento de los estudiantes y tampoco es perceptible la oratoria del estudiante y su capacidad intelectiva para desarrollar y aportar sobre un tema a medida que se genera la discusión; todo bajo la dirección del profesor. Esto último es tan importante porque el facilitador puede extraer verdades e inquietudes del estudiante con un circunloquio de preguntas, como lo hacía Sócrates.
Obviando las falencias de orden académico y técnico, pues las hay, lo superlativo en acción y el imperativo moral es que se mantiene al estudiante con la obligación diaria de participar y edificar su formación; cuando se clausura un año escolar o académico se desestructura la cotidianeidad de las clases y la base de recepción e interpretación de los conceptos que aprende se desmorona y el estudiante deja de preocuparse por su educación y se ralentiza o anula la competencia que se había establecido en su curso.
Es preceptivo citar que la memoria es un órgano nemotécnico que requiere ejercicio y repaso constante de los temas a estudiar, precisamente para consolidar los mismos y utilizarlos en el momento en que se los necesite, por lo contrario, se los olvida fácilmente, peor aún, si se vaticina que los estudiantes volverán el próximo año: casi 7 meses de inactividad intelectual ordenado y controlado en un programa escolar o académico.
Este sistema virtual puede desarrollarse en las ciudades y provincias cercanas con las diferentes plataformas que están a disposición. El problema se genera en las provincias alejadas y lugares intermedios donde el internet todavía no es práctica usual, empero, en esos lugares la posibilidad de continuar con clases presenciales es más viable por la naturaleza libre reinante y la escasa población que evita aglomeraciones y cursos masivos. Queda sobreentendido que esas clases presenciales deben asumir las prevenciones sanitarias recomendadas por organismos que controlan la salud.
No se debe olvidar que la educación fiscal es la dominante, casi cuatro millones de escolares frente a cuatrocientos mil de la educación privada, por lo que se debe dar un impulso constante a su mejoramiento; todavía se sigue enseñando magistralmente cuando el profesor debe interactuar con sus estudiantes, trasformar su clase en un verdadero taller y se ignora la vital importancia que ostenta la investigación; se debe enseñar al estudiante, sea cual fuere su edad, a saber utilizar sus conocimientos y trasuntarlos en hechos, libros de texto, invenciones o instrumentos nuevos; es decir, saber hacer, y no arrojar al ruedo de la vida a bachilleres y profesionales sin iniciativa, timoratos e inseguros de su capacidad.
La influencia del profesor puede ser ilimitada y sus ideas pueden afectar a millones de seres humanos, causando un profundo cambio en la civilización y dirigentes de la humanidad.
La educación superior y también la elemental se han mercantilizado en Bolivia y la prueba es la irrupción de numerosas universidades y colegios, que pregonan la excelencia del conocimiento y no cumplen con este elevado postulado pues sólo son ardides publicitarios para incrementar las inscripciones. A los maestros se los trata mal porque uno de los principales problemas de la educación estriba en el reclutamiento y la capacitación moderna e incesante de los profesores y, en la mayoría de los casos, no atrae a los jóvenes más dinámicos y capaces.
Las universidades y también los colegios, para pagar menos, contratan a jóvenes diletantes sin experiencia para evitarse la carga social de un buen profesor o facilitador, mujeres y hombres que ostentan indiscutible experiencia y posgrados aprobados, no sólo en sus especialidades, sino en otras y son autores de libros de texto académicos; a éstos se les retribuye menos o igual que a una empleada doméstica por hora, sin agravios comparativos con la actividad doméstica. Los padres de familia pueden inferir el daño irreparable que se inflige a los estudiantes con este nivel de profesores y facilitadores.
Para prevenir el estancamiento de la enseñanza la inspección constante es imperativa. Los profesionales que realizan esta importantísima y decisiva tarea académica pueden diferenciarse en sus estrategias; pueden visitar las aulas con frecuencia y presentarse sin aviso previo; hacer sugerencias directas, otros prefieren el método indirecto y dejan al maestro o facilitador un amplio margen de libertad. Será hábil y positivo en sus enfoques y señalará aspectos que requieran mejoras instantáneas y puntualizará claramente las deficiencias. No hará críticas destructivas y no se considerara el árbitro máximo de la buena enseñanza.
(*) Es abogado, posgrados en Educación Superior e Interculturalidad (UMSA), Docencia en Educación Superior (Diplomado Superior, Univ. Loyola), Filosofía y Ciencia Política (Maestría, CIDES-UMSA), Arbitraje y Conciliación (Especialidad), Alta Gerencia para abogados (UCB-Harvard) Derecho Aeronáutico (Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial, Madrid), Oratoria Jurídica (Especialidad), doctor honoris causa en Humanidades (IWA-Cambridge University, USA)
Fuente: Por: Raúl Pino-Ichazo Terrazas (*)
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