El derecho humano a delinquir

Al parecer Bolivia se ha convertido en el mundo del revés, pues se defiende a quienes cometen delitos y se condena a quienes cumplen su deber de proteger la vida de la población, ya que nadie dijo nada cuando bloqueadores quemaron Samaipata, saquearon los camiones que transportaban pollo a las ciudades, dinamitaron cerros y dejaron la carretera con serios daños, bloquearon el paso del oxígeno, provocando de manera indirecta la muerte de al menos 30 personas.

Tampoco aparecieron los activistas de derechos humanos cuando los dirigentes que movilizan a personas, en plena pandemia, rompiendo la cuarentena determinada para evitar mayores contagios del coronavirus, mezclándose entre enfermos y sanos para protestar por un mes de diferencia entre una fecha y otra para las elecciones nacionales, en resumen, atentando contra la salud pública.

Pero cuando efectivos policiales cumplen su labor de cuidar a la población, desbloqueando caminos, buscando garantizar el libre tránsito de vehículos, tanto particulares como de emergencia, carros que llevan alimentos u oxígeno para abastecer a la ciudadanía y prevenir más fallecimientos, entonces se pronuncian los organismos de derechos humanos condenando “la brutal represión” al “pueblo” movilizado.

Además, que a medida que pasa el tiempo las demandas van cambiando, al principio sólo se pedía que se restituya la fecha de las elecciones al 6 de septiembre próximo, pero ahora además piden la renuncia de la presidente en

ejercicio. Y para hacer escuchar sus exigencias lanzan consignas y hacen gala de las armas de fuego que poseen, llaman a la lucha armada, piden guerra y dicen que no les importa si los adultos mayores mueren, dicen que serán los mártires para que los jóvenes gobiernen, pero eso no es delito ni tiene importancia para las organizaciones que se supone trabajan en defensa de los derechos humanos.

Ya se vio su proceder, cuando un militar atrapó a un ladrón y le dio una paliza por haber robado a una mujer, defendieron al delincuente y procesaron al uniformado, y Derechos Humanos condenó esa actitud del efectivo del ejército, quien sólo trataba de darle una lección para que el hombre no tuviera deseos de volver a delinquir, es cierto que se le fue la mano en la golpiza, pero el caco también debía ser procesado por robo.

Y es así, que los activistas y las organizaciones que se supone que defienden los derechos humanos de los ciudadanos se vuelcan a favor de los delincuentes y condenan a quienes sólo tratan de defenderse, entonces ¿quién defenderá a los ciudadanos de a pie?, ¿quién defiende al pueblo convertido en rehén de un grupo de intransigentes que se mantienen en una posición testaruda arrogándose la representación del soberano?

¿Es que ahora se ha convertido en un derecho humano el cometer delitos?

Las autoridades llamadas por ley para proteger a la ciudadanía deben pronunciarse y asumir algunas medidas de hecho, para evitar que se sigan cometiendo exabruptos contra la población y las entidades defensoras de los derechos humanos deben denunciar ante los organismos internacionales todos esos excesos cometidos contra el pueblo.