La seriedad y formalidad que reviste esa negociación con la representación genuina de cada distrito en el nivel de autoridades y dirigentes cívicos, obliga a insistir por parte de Oruro, en el cumplimiento de mínimas muestras de respeto a la institucionalidad y al buen uso de aquellos documentos “originarios” y originales que demuestran las características limítrofes que tenían cada uno de los departamentos y que, de manera muy arbitraria, no se permite utilizar a los delegados orureños.
Se ha iniciado un proceso de análisis de “referencias geográficas”, pero sólo tomando en cuenta los “papeles de un lado” y desconociendo los otros que deberían servir para realizar un cotejo de partes y establecer “in situ” la realidad que impone la documentación más antigua y por lo mismo reconocida en su valor intrínseco que tiene legitimidad y legalidad.
Trabajar en una comisión parcializada y con documentos de una sola parte no conduce a una solución del problema, pues la idea compartida y aprobada por las partes señalaba la predisposición de comenzar una georreferenciación que involucre a delegados válidos de cada departamento y que al margen de posiciones sectarias o concomitancia exacerbadamente regionalista, distorsionen la intención de sanear un problema que no debería complicarse políticamente.
El peligro en mantener vigente este problema es que las aparentes fuerzas de control sean rebasadas nuevamente y los vecinos de las poblaciones en pugna vuelvan a enfrentarse con violencia, lo que Dios no quiera, podría sumar más víctimas, más daños y muchos perjuicios.
La comisión oficial que trabaja sólo en uno de los lados, debería suspender esa actividad, convocando de la manera más cordial y sin amenazas o presión a los verdaderos representantes regionales, autoridades y dirigentes para que como dicen jurídicamente “se vuelva al vicio más antiguo” y partir de ese punto analizando los documentos que posee cada región y que deben ser devueltos oportunamente para que, como en el caso de Oruro, se cuente con los papeles originales que no pueden retenerse arbitrariamente, pues tal acción muestra a todas luces una abierta interferencia en perjuicio de Oruro.
Está claro que no por nada y en un tiempo relativamente corto han surgido una serie de “pasiones desmedidas” entre algunas personas que plantean inclusive la modificación de los límites departamentales, moviéndolos por supuesto en la dirección de favorecerse con la tenencia de importantes yacimientos de recursos naturales que hasta no hace mucho se reconocían abiertamente como parte de la territorialidad orureña.
Si bien los recursos naturales son de propiedad del Estado y el uso de los mismos debe beneficiar a todos los bolivianos, no es menos cierto que las operaciones que se efectúen en algunos departamentos y municipios podrán generar impuestos y regalías para fortalecer sus planes de desarrollo. Esta última motivación sería la causa de los intereses regionalistas que están distorsionando los límites reales y ancestrales que han existido y que deben respetarse, en base a los acuerdos que sean definidos, tras una tarea de orden absolutamente imparcial y entre representantes directos de cada departamento y autoridades con valor decisorio a la hora de reconocer y restablecer los límites jurisdiccionales entre Oruro y Potosí.
Fuente: La Patria
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