El Presidente propone un “INRA Urbano” para sanear inmuebles

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El presidente Evo Morales formalizó ayer la presentación de un proyecto de ley para regularizar el derecho propietario sobre bienes inmuebles en áreas urbanas y periurbanas. Según cifras del Ejecutivo, al menos 6 de cada 10 casas arrastran problemas de legalidad y legitimidad en sus documentos de propiedad.

En febrero, la oposición parlamentaria denunció que el proyecto normativo pretende emular el sistema comunista cubano - venezolano.

El artículo 5 del proyecto de ley motivado por el Gobierno decía en febrero que la norma “tiene la finalidad de facilitar la obtención de títulos de propiedad y su consiguiente registro definitivo en las oficinas de Derechos Reales, a las personas naturales y/o jurídicas que tengan un fin social que poseen bienes inmuebles dentro del área urbana de cualquier municipio del territorio nacional, a fin de que puedan ejercer libremente los derechos que reconoce la Ley y que puedan gozar de los frutos civiles y materiales que proporcionan dichos bienes”.

Para la diputada por Convergencia Nacional, Norma Piérola, esa legislación pretende conducir a Bolivia “a un modelo comunista como el de Venezuela que conculca derechos de los ciudadanos”.

Según el proyecto de ley difundido en febrero, en los “casos excedentes a la superficie mencionada (500 m2), el Gobierno Autónomo Municipal expropiará estas áreas que serán utilizadas con fines habitacionales o fines de equipamiento según la superficie excedente”.

CON MARCHA

El mencionado anteproyecto fue oficializado ayer en Palacio Quemado por el presidente Morales que recibió el texto de manos del presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos (Conaljuve), Efraín Chambi.

Morales anticipó la estructuración de una institución similar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) aunque aclaró que “no sabemos qué nombre se le pondrá”.

Aclaró, sin embargo, que la organización reguladora “debe encargarse de dar títulos a los dueños de casa” y pidió que “los vecinos, en sus diferentes organizaciones, trabajen en un borrador del reglamento de la norma, para apresurar la vigencia de la ley”.

El presidente Morales advirtió que la parte “negativa” del anteproyecto es que “una vez que obtengan sus títulos tendrán que pagar impuestos a las Alcaldías”, pero aclaró “que eso es parte de los derechos y obligaciones de las personas”.

IRREGULARIDADES

El ministro de Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda, Vladimir Sánchez, ratificó que el anteproyecto de ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos saneará al menos el 60 % de las viviendas en todo el país.

El Ministro aseguró que la norma generará una “revolución urbana” con la regularización de al menos el 60 % de los bienes inmuebles.

“Por tanto esta ley permitirá la regularización del derecho propietario a bienes inmuebles a viviendas a aproximadamente un 60 % de la población, de ahí la importancia de la ley por eso planteamos que generará en la práctica una revolución urbana que hace falta a la población”, insistió.

Explicó que la ley busca regularizar la parte legal y técnica en derecho propietario de las personas que sean poseedoras de bienes e inmuebles urbanos y que tengan o no títulos de propiedad registrados en Derechos Reales.

Dijo que la norma respeta todas las atribuciones que tienen los distintos órganos subnacionales que existen en el país para la regularización de los trámites de inscripción en Derechos Reales.

“Antes era muy difícil y engorroso, se llevaba mucho tiempo en llevar los trámites y, por eso se plantea comisiones para que puedan facilitar la corrección de errores que se comete en la inscripción de la identidad de los distintos propietarios”, explicó.

TRÁMITES

El Ministro anticipó que los trámites de regularización del derecho propietario se resolverán con la subsanación de errores técnicos en la inscripción de Derechos Reales en un plazo no mayor a 20 días.

Sánchez dijo que también se ordenará el derecho a la regularización de la propiedad individual en los procesos judiciales.

Aclaró que “no entran dentro del proceso de regularización bienes e inmuebles que están en calidad de prenda, que han sido arrendadas, alquiladas, en alquiler o anticrético, tampoco en los casos que esas viviendas se hayan dejado a personas de guardias y vigilantes”.

Fuente: La Paz, 26, LA PATRIA