Contaminación que no se detiene

La minería desde la Colonia fue una actividad económica por excelencia en Oruro, muchos hijos de esta tierra han vivido de las minas y sus riquezas por años, y no sólo los nacidos en este rincón de Bolivia, sino que otros departamentos se levantaron y surgieron económicamente gracias a las riquezas minerales de la cuna de Pagador.

Fue por la riqueza minera de Oruro que Santa Cruz, por ejemplo, se erigió en un departamento próspero y que hasta la actualidad es un ejemplo de progreso, pero antes de aquello, Oruro y Potosí eran ciudades cosmopolitas que estaban a la par de las grandes capitales del mundo como Londres o París.

Las escasas operaciones mineras que quedan continúan contaminando los suelos, los ríos, e inclusive sembradíos, envenenando las aguas, que en muchos casos no sólo son para la agricultura, sino también para que la consuman las personas, por lo que su salud puede verse seriamente afectada.

En el tercer mes de este año 2020, por la emergencia sanitaria que comenzó por llegada de la pandemia del Covid-19 a Bolivia, se ordenó a la ciudadanía ponerse en cuarentena rígida, la que duró unos dos meses, en ese tiempo se vio el descanso que le dimos los humanos a la naturaleza, ríos cristalinos, donde volvieron a nadar los peces por miles, cielos limpios, vegetación creciente, animales retornando a sus hábitats naturales.

No obstante, la cuarentena no detuvo una de las actividades más contaminantes como es la minería, recientemente, comunarios de Ataraque, del municipio de Caracollo, denunciaron que una presunta empresa chilena, en complicidad con un coterráneo, se dedicó a la explotación clandestina de oro, afectando sus tierras de cultivo y envenenando sus ríos.

Pero esa situación se vio con o sin pandemia, desde hace mucho tiempo, pues ningún gobierno de turno se encargó de elaborar una ley minera que pudiera controlar y planificar políticas serias para evitar la contaminación o por lo menos, minimizar en lo posible el daño ambiental ocasionado por dicha actividad productiva.

A la fecha no existe una ley minera, que por décadas fue reclamada por los sectores mineros, especialmente de la minería chica, para que se regule la explotación de yacimientos o la inversión para la compra de maquinaria que ayude a lograr explotaciones mineras de mínimo impacto ambiental para las tierras altiplánicas.

Dicha ley, no sólo debe enmarcarse en la explotación minera dentro de los socavones, sino que debe contemplar la minería rivereña, pues existen lugares en los que dragas destrozaron paisajes, ríos y tierras de cultivo.

Una ley para la minería entonces, debe contemplar el incentivo económico a las operaciones mineras, pero también debe cuidar que el impacto ambiental sea mínimo para las tierras aledañas a las concesiones de ese rubro, a fin de que todos puedan vivir en paz, armonía y de manera saludable.