La sociedad boliviana quedó conmovida con la noticia sobre el hallazgo de una niña de nueve años con signos de violencia y violación como causa de la muerte, aspecto que causa indignación y preocupación porque nuevamente otra niña muere a manos de su opresor. No puede entrar en una mente normal de un ser humano el hacer daño a una niña, más aun cuando existe violación, violencia y porque se trata de una persona indefensa que recién está conociendo la vida y merece todos los cuidados que puedan brindar los padres de familia, que traen al mundo a un ser con todo el amor y la protección que merecen, sin embargo se dan casos de violencia que concluyen con la muerte, de la menor, conocida como feminicidio, que aparece a los ojos de la mayor parte de la sociedad como uno de los delitos más aberrantes ya que implica la muerte planeada y deseada de un infante, es decir, de un niño o niña que es menor de edad y que por lo tanto no se puede defender por sí misma. El infanticidio es una forma de cometer un delito en el cual un adulto asesina o quita la vida a un menor de edad.
Si bien al Art. 258 del Código Penal sanciona con 30 años sin derecho a indulto a quienes cometan el delito de infanticidio, la sanción o pena establecida al autor o autora no ha disminuido estos delitos en razón de que en la gestión 2017, se dieron 87 infanticidios, en 2018, 69; en 2019, 66 y en lo que va del año ya se tiene 32 delitos contra la niñez.
La violencia contra los niños y niñas no conoce fronteras. No distingue raza, origen social, religión ni cultura. En todos los países del mundo hay niños y niñas que temen y sufren la violencia. Ningún país o región es inmune. Es una gran preocupación en la actualidad porque se ha establecido como una de las principales causas de muerte y por factores externos en ese grupo etario.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la violencia viene creciendo de forma preocupante en todo el mundo y son las mujeres y niños las principales víctimas. Estimativas del año de 2016 apuntan 57.000 casos de homicidios o infanticidios con hasta 15 años de edad. El 2017 sube a 62.000, el 2019 a 68.000 datos que alarman porque suben cada año y no existe un plan global para frenar estos actos delincuenciales.
La violencia contra los niños y niñas nunca es justificable ni aceptable. Los Estados están obligados a proteger a todos los niños y niñas de toda forma de violencia. Las leyes internacionales sobre derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad de cada persona. Los niños y niñas, como personas, deben recibir el mismo grado de protección que los adultos.
Las formas extremas de violencia contra los niños y niñas –como la explotación sexual y la trata de personas, la mutilación genital femenina, las peores formas de trabajo infantil y el efecto de los conflictos armados– han provocado un clamor internacional y generado una condena unánime, aunque no hay soluciones rápidas para este problema.
Muchos niños y niñas son expuestos habitualmente a violencia física, sexual y psicológica en el hogar y la escuela, en instituciones de protección y judiciales, en los lugares donde trabajan y en sus comunidades. Una parte de la violencia contra los niños y niñas no es denunciada y a veces es consentida por la sociedad.
En algunos países industrializados, los bebés menores de un año corren el triple riesgo de ser asesinados –casi invariablemente por los padres– que los niños y niñas de 1 a 4 años, y el doble que los niños y niñas de 5 a 14 años. Del total de niños y niñas víctimas de homicidio, 22.000 (o casi el 42 %) tenían de 15 a 17 años, y casi el 75 % eran varones. Entre un 80 y un 98 % de los niños y niñas sufre castigos físicos en el hogar y un tercio o más de ellos reciben castigos físicos graves, perpetrados con objetos, según estudios realizados en países de todas las regiones del mundo. En más de 100 países, los niños y niñas todavía sufren la amenaza o la realidad de castigos físicos con varas, cintos u otros objetos en la escuela. En los sistemas penitenciarios de por lo menos 30 países, todavía se impone a niños y niñas sentencias de azotes con látigos o varas. Sólo el 2,4 % de los niños y niñas del mundo están protegidos por la ley de castigos físicos en todos los ámbitos.
Cada año, entre 133 y 275 millones de niños y niñas son testigos de violencia frecuente entre sus padres. Entre el 20 y el 65 % de los niños y niñas en edad escolar de países en desarrollo manifestaron haber sufrido algún tipo de acoso verbal o físico. El 35 % de los niños y niñas en edad escolar que respondieron a una encuesta, dijeron que habían sufrido acoso sexual en los establecimientos educativos en edades de 12 a 13 años. Alrededor de 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años tuvieron relaciones sexuales forzadas o sufrieron otras formas de violencia sexual.
En encuestas de 21 países, al menos el 7 % (y hasta el 36 %) de las mujeres y el 3 % de los varones (hasta el 29 %) afirmaron que sufrieron abuso sexual durante su infancia. Hasta ahora sigue siendo pequeño el porcentaje de casos sobre actos de violencia contra los niños y niñas que se denuncia e investiga, y pocos perpetradores son llevados a juicio. La violencia es poco denunciada por varios motivos. En primer lugar, los niños y niñas muy pequeños no tienen la capacidad de denunciar la violencia. Además muchas veces temen una represalia de los perpetradores o la intervención de las autoridades, ya que ambas pueden agravar su situación general. A veces, los propios padres son perpetradores de violencia contra los niños y niñas o guardan silencio cuando otros miembros de la familia o miembros poderosos de la comunidad o la sociedad cometen violencia contra los niños y niñas. La violencia que implica la muerte de un niño puede no identificarse como factor determinante si esa muerte no se investiga suficientemente. Los niños que sufren violencia tienden a considerar a la violencia como algo normal, incluso algo aceptable Y tienen más probabilidades de perpetuar la violencia contra sus propios hijos en el futuro.
Si no tratamos el trauma que sufren los niños debido a la violencia social estamos abriendo las puertas a problemas que pueden durar toda la vida Y desencadenar actitudes negativas que pueden crecer de una generación a otra.
El gobierno, asambleístas y todas las autoridades deben ser los principales promotores de la protección de la infancia. Deberían legislar, supervisar la actividad gubernamental, asignar recursos financieros y, como líderes en sus regiones y comunidades, crear conciencia. Quizá más importante, pueden promover entre sus electores el fin de la violencia. Se debe desechar y desafiar las actitudes y creencias que consideran que la violencia contra los niños y niñas es inevitable o inofensiva. Para ello es imprescindible difundir mensajes de prevención de la violencia contra los niños y niñas.
Fuente: Por: Ramiro Siles Velasco
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