Justicia por Esther y por todos los niños

“Según datos recientes otorgados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en coordinación con ONG, instituciones de cooperación y de la sociedad civil en Bolivia, en el periodo marzo-mayo, se registraron 3.176 casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes” estos delitos, en algunos casos, son previos a un infanticidio; sin embargo las cifras cada día van creciendo y no son suficientes para alertar a las Autoridades ni a las Instituciones “competentes”. Se ha llegado a un punto, donde preferimos conmocionarnos por temas banales, en lugar de hacer eco de estas atrocidades, no hay empatía, desgraciadamente se están naturalizando estos crímenes. Muchos de estos delitos suceden en el seno familiar, en la casa, pero no se denuncian, porque el violador, asesino, criminal tiene parentesco con el infante. Los “sin voz” tienen que vivir un infierno constante, al borde de la muerte ¿Porque ningún político presenta una propuesta integral respeto al tema? ¿Qué esperan los Asambleístas para modificar la CPE y el código penal para endurecer las penas contra estos criminales? ¡No les importa! No hay respuestas reales a esta problemática, los niños y niñas siguen desprotegidos, siguen en la cola de la agenda política.

Nos hemos conformado repitiendo consignas de que todo es culpa del “sistema patriarcal” de que “el machismo mata”, como si estos delitos se trataran de rivalizar a mujeres contra hombres o niñas contra niños. Mujeres y

hombres son infanticidas, incluso con sus propios hijos y/o son cómplices de los mismos violadores. Recientemente una madre dio fin con la vida de su niño de un año y ocho meses, en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz. En Oruro, una madre joven asesinó a su bebé el mes de mayo de este año, abandonando el cuerpito en un basurero. Ni los infanticidios, ni la violencia responden a un tema de género, los criminales no sólo son “hombres”, los infanticidios también son provocados por las mismas mujeres. En mayo un Asambleísta oriundo de Villa Montes Tarija, fue arrestado por abusar sexualmente de tres niñas y un niño, su pareja, la madre de sus hijos sabía lo que pasaba, fue cómplice de ese delito y prefirió callar.

Según el Art. 258 del Código Penal, la pena máxima para un infanticida es de 30 años de cárcel, la misma penalidad tienen los violadores y pederastas de niños. ¿Es suficiente? ¡No! Aunque suene utópico, un infanticidio se debe castigar con la pena de muerte, y un violador debe ser castrado químicamente, además se le deber aplicar cadena perpetua. ¿Cuánto tiempo más se tiene que esperar para que se prioricen estos actos repugnantes que atentan contra la vida, dignidad y la integridad de los infantes? ¿Hasta cuándo permitiremos que se siga “politizando” “ideologizando” y “debatiendo” a raíz de estos temas, pero no se den respuestas concretas? ¿Cuándo será el día que analicemos seriamente las causas de esta problemática para plantear soluciones preventivas?

El tema es complejo, es estructural, es una problemática que afecta a niños y niñas y sociedad en general. Las causas son diferentes, los contextos de las familias varían de una hacia otra, la situación de los niños lo propio, algunos en situación de calle, otros con familia, otros sin familia, etc. Mientras las Autoridades y las Instituciones pertinentes se decidan a priorizar estos delitos para maximizar las penas, mientras se trabaje en políticas públicas integrales, mientras los funcionarios se capaciten y se sensibilicen respecto a estos temas, las familias deben ser escuelas de valores, donde se enseñe a los niños y a las niñas lo que está bien y mal, enseñarles a confiar en los padres, enseñarles a no callar. Así mismo la sociedad en general puede ayudar: observando, denunciando, colaborando; con el fin de evitar finales monstruosos como el de la niña Esther o el niño de Santa Cruz.

(*) Es Lic. en Ciencia Política

Fuente: Por: Luisa Alejandra Cortez García (*)