Difícil reafirmación democrática

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Aunque parezca definido el tema eleccionario, no es evidente; asegurar una fecha como la del 6 de septiembre próximo, es menos probable si se observa el comportamiento del coronavirus, que en realidad tiene acción directa por encima de buenas e interesadas intenciones. Asumiendo la responsabilidad de cuidar la salud de la comunidad, la vida de miles de bolivianas y bolivianos, el tránsito del virus por nuestro país, entre la fecha presente y los meses de julio y agosto próximo, las autoridades en general y las del TSE en particular, no pueden de modo alguno sobreponer su decisión si para entonces sigue latente la peligrosidad y el riesgo de contagio para millones de electores.

Los entendidos plantean de ese modo el panorama electoral, entendiendo que autoridades sanitarias de nivel internacional, señalan con seguridad estadística que julio y agosto serán los meses para una subida en la curva contaminante, lo que posteriormente permitiría un descenso paulatino de los efectos de la pandemia, situación que significará otros dos o tres meses de obligados cuidados preventivos para impedir un rebrote de la letal enfermedad.

Pese a estas circunstancias que se mencionan claramente, prevalecen otras que giran en un entorno cercano al parlamento “mayoritario”, que muy bien sabe de las alternativas que puedan darse en un escenario en que ni el grupo legislador y menos el TSE, podrán competir con el Covid-19, en una “jugada” de alto riesgo en una cancha abierta, en suelo firme sin alfombra de pasto sintético y con un árbitro que medirá el “valor de la vida” y la opción de ponerla en riesgo a título de renovar al Gobierno sucesorio.

En los círculos políticos afines al resto de militantes del ex partido gobernante, se menciona como un hecho positivo la aprobación de fecha electoral, dando por hecho que aún con virus activo, se procederá a una elección con altas medidas de bioseguridad en los recintos electorales, aspecto que en su momento deberá analizarse para no incurrir en lamentables errores, que en esta alternativa, no serán, ni siquiera equivalentes al gigante fraude electoral y su millonario gasto, sino que, estará en riesgo la vida de muchos bolivianos.

No es suficiente que se exija al TSE, la necesidad de mostrar objetivamente señales concretas sobre disposiciones y protocolos de bioseguridad que pretenda aplicar para llevar adelante las elecciones de septiembre. Hay un reto abierto a las autoridades que deben garantizar elecciones seguras de modo general.

No sólo se deberá cuidar la salud de la población, también es importante su seguridad, pues se tratará, si se realiza, de una jornada política que implica riesgos, los que no deberán ser minimizados en absoluto. No hay necesidad de tanto riesgo, si el apuro electoral es meramente partidista.