¿Elección ilusa y padrón encubierto?

En el Estado de derecho los derechos fundamentales, como componentes del orden jurídico, resultan ser la expresión jurídica de valores y libertades de todas las personas, sin discriminación alguna, donde la separación de poderes y la dignidad humana son importantes para garantizar los contenidos esenciales y eficacia de los mismos.

Todos los ciudadanos bolivianos en igualdad de condiciones tienen derecho a una vida digna y el Estado y sus instituciones tienen la responsabilidad de garantizar todos los derechos que derivan de su dignidad.

El Papa Benedicto XVI en el Angelus de 28 de septiembre de 2008 dijo: “La vida y el amor de Dios es un premio inestimable que supera cualquier fatiga”.

Por lo que respecta a los títulos o potestades que la Constitución y las leyes le encargan al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados (art. 208 CPE), son mandatos de responsabilidad constitucional y legal ante la población boliviana; de modo que, bajo el principio de independencia el órgano colegiado compuesto por siete vocales y cuyo presidente es Salvador Romero Ballivián designado por la Presidente Jeanine Añez, ciertamente, no quiere decir que esté sujetado a su mandante, pero sí tiene la responsabilidad de cooperación y coordinación con el Poder Ejecutivo en el tema del proceso electoral y otros de su competencia.

Ahora mismo, tenemos un Tribunal Supremo Electoral al que la sociedad le exige que tiene que apartarse de la figura dominante del régimen siniestro de Evo Morales, que hizo fraude a la democracia y, por eso, es que el anterior Tribunal Electoral Nacional y los Tribunales departamentales están con procesos penales y varios de ellos se hallan con detención preventiva en la cárcel. ¿Qué pruebas más quiere el Presidente Salvador Romero para cancelar la personería del Movimiento al Socialismo-IPSP y la inhabilitación de Luís Arce Catacora? Y la Sala Plena no puede sustraerse de la revolución ciudadana y patriota –las pititas- que a restaurar la democracia, no estarían ejerciendo sus competencias.

Promover un proceso electoral bajo el rótulo de concertación con los partidos políticos, es una verdad a medias, porque los protagonistas de la democracia: Comité Cívicos de los nueve departamentos, el Conade, las Plataformas ciudadanas, Federación de Profesionales, gremiales, organizaciones de la sociedad civil, Universitarios, entre otras, no fueron convocados para emitir su opinión y debatir el proyecto de ley convertido en Ley de Elecciones Generales para el 6 de septiembre de 2020, promulgada el 21 de junio y publicada en la Gaceta con fecha 24 de junio del presente año.

Cómo se puede concebir la Ley, si la población boliviana está decidida a luchar prioritariamente por la salud, vida y alimentación, en momentos tan dramáticos en que el informe epidemiológico reporta que en Bolivia hay 27.847 casos infectados por el Covid-19, 876 fallecidos y 1.098 nuevos casos (24-06-2020) ¿Para el TSE cuáles son los argumentos jurídicos para ponderar que primero están las elecciones y en patio trasero están los valores vitales de las personas? Se podrá decir que el TSE tiene poder legítimo, pero lamentablemente, lo están ejerciendo sin criterios de ponderación, absolutamente desproporcionada, conduciendo a la población bajo el signo de supuesta certeza, directamente a hospitales colapsados, a salas de unidades de terapia intensiva (si es que hay) y a los campos santos, donde los familiares ni siquiera tienen derecho de despedir cristianamente a sus seres queridos. En otros términos no valora la fragilidad progresiva ni el balance de los valores.

Al minimizar la realidad, el dolor humano y el esfuerzo valiente de nuestros médicos, enfermeras, laboratoristas, auxiliares, choferes, policías y Fuerzas Armadas que están en primera línea para salvar vidas humanas y hacer cumplir las medidas de cuarentena, encapsulamientos, rastrillajes y pruebas rápidas, el Presidente Salvador Romero ante la Comisión de las Cámaras de la ALP informa: “El Tribunal Supremo Electoral garantiza una elección con solidez técnica, imparcialidad política y con protección de la salud”.

La prensa mundial reporta que países donde se ha invertido en investigaciones científicas sobre las endemias y pandemias en el excursus de la historia como: Taiwan, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, han logrado controlar el Covid-19 y hay otros que con mayor tecnología y protocolos de bioseguridad incluso están enfrentando rebrotes. Por tanto, ¿Cómo el Presidente del TSE va a garantizar que no se expanda el coronavirus?, si del total de la población boliviana que aproximadamente son doce millones: 7.315.364 son votantes de los cuales 341.001 sufragarán en el exterior, concentrando la mayor cantidad en Argentina con 161.057, España 72.602, Brasil 45.793 y Chile 30.943; países donde los índices de contagios son elevados. Verbigracia en el Centro de Buenos Aires como ha declarado el Encargado de Negocios de Bolivia. El presupuesto en bioseguridad para jurados y notarios es de 9.342.500 millones de bolivianos.

En la anterior elección que fue anulada por fraude del MAS, se designaron 195.722 jurados electorales para 30.760 mesas de sufragio, se movilizaron para seguridad 20.240 policías y 11.050 militares de las FF.AA., haciendo un total de 237.012 personas, ¿Cómo se garantizará el distanciamiento social? Y si luego de 5 a 10 días post elecciones algunos votantes presentan síntomas del Covid-19, el TSE asumirá los gastos de internación y recuperación y, si fallece quién pagará el seguro. Los jubilados del país alcanzan a más de 300.000 personas, por ser los más vulnerables optarán lógicamente por no asistir a las elecciones y el ausentismo sospecho que será masivo, por dos elementos: primero que las familias decidirán cuidar su vida y salud y segundo porque el –padrón electoral no ha sido auditado técnica y científicamente- y no se ha efectuado una –redistribución de la población en las 63 circunscripciones uninominales-, pese a que el Tribunal Supremo Electoral tiene toda la potestad legal para recobrar su autonomía plena en aplicación de los arts. 11.I, II.2, 12.I y 146.V CPE). Por estos razonamientos, fijar fecha cuando el pico más alto llegará a 130.00 en la primera quincena de septiembre, es una decisión de locura e ilusa o, una sumisión sospechosa de encubrimiento.

El jurista (Canale, Damiano, 2018: 194) dice: “La democracia y el Estado de derecho encarnan los valores del género “Legislación y Constitución”.

(*) Es abogado constitucionalista y defensor de DD.HH.

Fuente: Por: Pedro Gareca Perales (*)