Fraude electoral incomparable

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Lo que en materia de elecciones ocurrió en nuestro país, en octubre del año pasado, es algo que ha sido considerado por observadores como "un fraude electoral incomparable" y realmente, si se toman en cuenta algunos hechos producidos en países con dictaduras activas, el de Bolivia resulta truculento al efectuarse en un periodo democrático, pero bajo el control político del partido "oficialista", cuyos candidatos estaban empeñados en repetir su transgresión a la Constitución Política del Estado (CPE), re-postulándose para otro periodo de gobierno, después de ya haberlo repetido irregularmente.

Hubo presión de fuerzas cívicas contra el binomio oficialista, es evidente pues parecía que esa era la única manera de frenar la repostulación ilegal y el "fraude avisado" del que, incluso, tenía conocimiento el organismo electoral, no otra cosa significa que varios funcionarios estuvieron comprometidos en el proceso eleccionario fraudulento.

El fraude fue detectado por las claras irregularidades que plantearon los leales funcionarios al partido y que cumplieron su parte, aunque no su total objetivo de alterar el conteo de votos y los resultados finales, pues los observadores y algunos responsables del TSE, descubrieron con oportunidad la acción dolosa de "paralizar intencional y arbitrariamente el funcionamiento de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) acción que permitió un cambio drástico a favor del candidato oficialista, con un incremento inexplicable de votos que se pretendió validarlos, al restablecerse la interrumpida operación de conteo.

El fraude fue detectado, identificado técnicamente y ratificado por el reconocimiento "conciencial" de funcionarios responsables de alterar los resultados en diferentes instancias de la operación. Frente a esa realidad, el testimonio de reconocer el fraude, fue la salida del país del binomio oficialista que no tenía argumentos para desconocer el incomparable fraude electoral.

Tras la auditoría de la OEA realizada con personal calificado, estableciendo más de 10 actos dolosos que han sido justificados, comprobados y son parte de un trabajo que por supuesto establece responsabilidades. Uno de los mayores delitos del fraude, constituye el millonario gasto en tales comicios fraudulentos, suma que debe ser repuesta a las arcas del Estado y cargada a quienes son responsables directos del fraude y a sus cómplices, pues se trata de un delito de estafa al Estado, que no puede mantenerse en la impunidad.

Sucede sin embargo que ciertas influencias que se manejan desde la capital argentina, "pican" la curiosidad de algunos observadores que utilizando columnas de ciertos periódicos en EE.UU. pretenden poner en duda el trabajo de la OEA, que detectó, investigó y comprobó un incomparable fraude electoral. Creemos que se trata de curiosos que buscan relevancia comprometida.