Corrupción hábito en el ámbito político

Parece ser una constante histórica la existencia de un enlace, no siempre bien avenido, entre la política y el dinero. Tanto la una como la otra se buscan mutuamente con el fin de mantener, asegurar o incrementar sus respectivas áreas de influencia, ambos exploran caminos no siempre legítimos para alcanzar ese objetivo. Estos malos hábitos dentro este ámbito inducen a pensar que todo el dinero que se entrecruza con la vida política es mal habido, y se denota en las acciones negativas protagonizadas por funcionarios públicos La corrupción siempre ha estado vigente en políticos que se encuentran en el poder y gozan de los beneficios de estar en función de gobierno, se da en todas las áreas, actividades del quehacer cotidiano sobre todo en los sectores públicos generalmente asociados a la administración pública y financiera que tiene que ver con el manejo de dineros estatales Un acto de corrupción implica la violación de un deber posicional. Quienes se corrompen transgreden, activa o pasivamente, algunas de las reglas que rigen el cargo que ostentan o la función que cumplen y que manifiestan, en ese sentido, un claro sentimiento de deslealtad hacia la regla violada. Dado que lo que aquí interesa es la corrupción política, al menos una de las partes involucradas ha de ocupar un cargo público o cumplir una función de carácter político o público. Podrá ser sujeto activo o pasivo de un acto de corrupción, un dirigente electo funcionario; publico, responsable de un partido político o miembro de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, un asesor económico o un militar, etc.

Para que exista un acto de corrupción política, debe haber un sistema normativo de carácter legal que sirva de referencia y que haya sido vulnerado o violentado e implica que no es necesario investigar mucho porque se da a cada instante entre ellas: tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo, designación de personal en la administración pública por amistad servicios al partido político o venta de los mismos dejando de lado una correcta convocatoria pública transparente, norma vigente evaluada valorada y practicada en el siglo pasado. La corrupción en el sector público está asociado al ámbito político con actos dolosos como la apropiación de dineros del Estado ignorando intencionalmente procedimientos administrativos legales obligatorios, que se dan a través de negociaciones con terceros, aprovechando la posición jerárquica en las que se encuentran inclusive valiéndose de circunstancias de dolor y desesperación como las que se encuentra atravesando el mundo entre ellas la pandemia del Covid-19 donde se están dando negociaciones ilícitas de toda naturaleza en deterioro de la salud humana, desolación, desesperación y preocupación de la población. Lo irritante es que, estas actitudes se han convertido en actos normales y comunes porque no existe una institución que ponga un alto o frene estos actos dolosos, razón por las que se cometen cada vez con más frecuencia. No se puede pensar y confiar en la justicia porque forman parte de estos actos irregulares además de la deficiente conformación y composición unidas a las inadecuadas resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico pronunciadas por jueces nombrados por el dedo de políticos que estuvieron o se encuentran en el gobierno, consecuencia por la que hace tiempo perdió su valor jerárquico, devaluándose al extremo que la población no confía en ella. En este sentido, la idea de corrupción política pone el acento en la regla violada y no en el personaje o en sus motivaciones. Un político que acosa sexualmente a su secretaria no comete un acto de incorrección política strictu sensu, comete en todo caso una ilegalidad jurídica y siempre una incorrección moral. Pero un político o un partido político que recibe una fuerte suma de dinero a cambio de una decisión, o de influenciar en una decisión, de gobierno se corrompe políticamente.

En este contexto, los actos de corrupción política, están siempre vinculados a la expectativa de obtener un beneficio extra posicional. No es necesario que ese beneficio constituya una ganancia de carácter dineraria, puede ser política, profesional, sexual, etc. Puede ser también el caso de que ese beneficio consista en una combinación de ganancias de bienes de diversa naturaleza. No hay que olvidar que el rédito político que persigue una de las partes involucradas puede muy bien transformarse en rédito económico para la otra u otras, tampoco es necesario que el beneficio que se pretende conseguir sea elevado. En ocasiones es suficiente, para que se perfeccione el acto de corrupción, que una parte espere recibir algo con la convicción de que ese algo sea valioso. Que efectivamente lo sea es una cuestión empírica irrelevante. Entonces a estos hechos y actos anómalos de corrupción política se puede establecer como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de una función de carácter público y político con el objeto de obtener un beneficio extra posicional cualquier que sea su naturaleza Lo cierto es que la corrupción es un actitud dolosa cometido y utilizado como un acto equivalente a destrucción, devastación o adulteración de un material; o en un sentido particular para designar una actividad humana específica, delictuosa irregular como hurto soborno o extorsión. Significa decadencia, suciedad, desintegración, degeneración, envilecimiento, ilegalidad, ilegitimidad o inmoralidad Por ello, aun cuando la corrupción sea calificada como política, comercial o social está expresando la idea de una corrupción orgánica, o de cualquier otra cosa vil y repugnante a nuestros sentidos y razonamientos claros y correctos. No es justificable por ningún motivo cuando un político servidor público roba o se apropia de dineros del Estado.

Fuente: Por: Ing. Ramiro Siles Velasco