Dirigentes alteños advierten con otro Octubre Negro al presidente Evo

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Los dirigentes sociales de la combativa ciudad de El Alto que cumplió este jueves un contundente paro en rechazo al incremento de las tarifas de transporte, advirtieron que si el Gobierno del presidente Evo Morales acepta vender gas a Chile a cambio de la recuperación de la cualidad marítima sin soberanía, el pueblo alteño se levantará contra su administración estatal tal como lo hicieron en octubre de 2003 contra la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), Remigio Condori, y el Asambleísta Departamental del Movimiento al Socialismo (MAS), Roberto de la Cruz, calificaron, por separado, de innegociable vender gas a los chilenos cuando tienen una deuda histórica pendiente con Bolivia y existe el antecedente de octubre de 2003, cuando el pueblo rechazó la venta de gas por puerto chileno, donde un poco más de 70 alteños y paceños ofrendaron sus vidas.

En ese marco, el asambleísta Departamental De la Cruz dijo que la población alteña como en ninguna otra región del país desarrolló una conciencia nacional de defensa de los recursos naturales y del territorio, por lo que rechazó la propuesta del Jefe de Bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, pues en caso de prosperar la negociación “gas por mar” con Chile, esto podría desembocar en otro octubre negro.

“Por Chile jamás, porque ellos nos han arrebatado, nos ha robado el mar boliviano. Mientras no nos devuelvan el Litoral, nosotros no podemos tener ningún tipo de relación con ese país. Lamentamos las declaraciones chilenófilas del senador Eugenio Rojas, pero él sabe en su calidad de poncho rojo que tendrá consecuencias nada buenas para él sus últimas declaraciones en torno a gas por mar por Chile”, dijo el dirigente alteño en entrevista a la ANF.

De La Cruz criticó al gobierno de Evo Morales por no manejar adecuadamente las políticas de Estado en tema marítimo en los foros internacional. Considera que más pudo los intereses del Gobierno en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que avanzar en recuperar una salida soberana al océano Pacífico.

Recordó que los alteños se levantaron para expulsar a Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando él tenía la intención de pasar gas al mercado estadounidense por Chile “hemos dicho primero gas para los bolivianos y el excedente recién vender al mercado internacional”, dijo.

CASO OCTUBRE

En agosto del 2011, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó a penas de entre tres y 15 años de cárcel a dos ministros y cinco jefes militares del segundo mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por los sucesos luctuosos de octubre de 2003, acusados del delito de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta.

Los ex ministros de Desarrollo Sostenible Erick Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión, acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta". No obstante ambas ex autoridades recuperaron su libertad, luego de que el Tribunal de Sentencia aceptara la solicitud de sus abogados de acogerse al beneficio de suspensión condicional de la pena que se otorga a quienes obtengan condenas inferiores a los cinco años.

Los generales Roberto Claros Flores y Juan Véliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Oswaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años. Todos los ex jefes militares fueron sentenciados por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".

Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular que se oponía a la exportación de gas natural por Chile, no fue incluido en esta fase procesal de sentencias, pues se halla en trámite el pedido de extradición desde noviembre de 2008.

El juicio también quedó en suspenso para los otros ocho ex ministros de Sánchez de Lozada que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.

Fuente: La Paz, 22 (ANF).-